El alcalde de La Paz, César Dockweiler, sustentó este miércoles ante la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado de la Cámara de Diputados el Anteproyecto de Ley de Garantía del Derecho a la Protesta Pacífica y de Protección de los Derechos Fundamentales de la Población, denominado “Ley de Armonización”, y defendió la necesidad de establecer límites claros que permitan compatibilizar el derecho a la protesta con otros derechos constitucionales, además de la protección de los servicios esenciales y la garantía de corredores humanitarios durante eventuales movilizaciones y bloqueos.
Durante su exposición, la autoridad edil remarcó que la propuesta no busca criminalizar ni impedir las movilizaciones sociales, sino garantizar que el ejercicio de un derecho no termine anulando otros derechos fundamentales de la población.
“No impedimos nada a nadie, simplemente decimos: armonicemos, que no sea el uso de un derecho que esté encima de otro derecho”, afirmó Dockweiler al explicar el espíritu de la iniciativa.
El Alcalde sostuvo que el anteproyecto se fundamenta en las libertades de expresión, reunión y asociación reconocidas por el artículo 21 de la Constitución Política del Estado, además del principio de concordancia de derechos, bajo el entendido de que ningún derecho puede anular el contenido esencial de otro.
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Entre los principales aspectos planteados en el anteproyecto se encuentra la protección de los servicios esenciales y la garantía de corredores humanitarios durante eventuales movilizaciones y bloqueos.
La propuesta establece que, aun cuando una movilización determine el cierre de determinadas vías, deberá garantizarse de manera obligatoria el paso de ambulancias, medicamentos, oxígeno, agua, combustibles y otros elementos indispensables para la población.
El documento también contempla restricciones frente a actos de violencia y coacción, el uso de armas, la destrucción de bienes públicos o privados y el cobro de peajes o pagos de hecho para atravesar puntos de bloqueo.
Asimismo, plantea medidas específicas para proteger a personas y grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos niños, adultos mayores, personas institucionalizadas y familias que dependan de servicios y abastecimiento básico.
La propuesta plantea una matriz de armonización entre los derechos reconocidos por la Constitución y las medidas destinadas a evitar que una movilización afecte de manera desproporcionada a terceros.
Entre las medidas expuestas figuran:
- Vida e integridad: establecimiento obligatorio de corredores humanitarios y garantía de paso. Salud: protección de servicios esenciales y de infraestructura crítica.
- Alimentación y agua: prohibición de impedir el abastecimiento esencial.
- Libre circulación: prohibición de bloqueos totales e indefinidos y habilitación de pasos alternativos.
- Educación: garantía de paso para estudiantes y transporte escolar, entre otros puntos.
Caso de la recolección de residuos en La Paz
Durante su intervención ante la Comisión, el Alcalde puso como ejemplo la actual situación de la recolección de residuos sólidos en la ciudad de La Paz, servicio que —según explicó— se encuentra paralizado por medidas asumidas por trabajadores de la empresa encargada de su prestación.
Dockweiler cuestionó que un servicio esencial pueda quedar interrumpido y señaló que la empresa tiene la obligación contractual de garantizar su continuidad.
“Esto ya no es una movilización, ya no es una manifestación; esto ya es un presunto delito contra la salud pública”, afirmó, al referirse a la acumulación de residuos y a los riesgos que, según dijo, enfrenta la población.