Tras su llegada de España, el vicepresidente del Estado y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Edmand Lara, puso en duda la legalidad del procedimiento que aplicó la ALP en su ausencia para suspender a Roger Mariaca de sus funciones de fiscal general del Estado y elegir a Armando Urioste en su lugar.
La ALP, en ausencia de Lara y en sesión convocada por el presidente del Senado, Diego Ávila, decidió primero sancionar una norma que modificó la Ley del Ministerio Público para poder cesar de sus funciones a Mariaca, que fungía como Fiscal General, a raía de su aprehensión y posterior detención preventiva acusado de proteger y beneficiar la narcotráfico, además de liderar una organización criminal dentro del Ministerio Público.
Empero, Lara señaló que una Ley recién promulgada no puede juzgar un hecho ocurrido con anterioridad, por lo que señaló que analizará la situación junto al equipo jurídico de la Vicepresidencia.
“Hay que tomar en cuenta en qué fecha se produce la causa que motiva la suspensión. No se puede aplicar una ley recién aprobada por un hecho que ha pasado antes”, señaló.
Por eso, afirmó que “vamos a analizar con los asesores” la aplicación de la norma. “Vamos a asesorarnos bien”, dijo.
En ese sentido, aseveró que él no posesionará al nuevo Fiscal General “todavía” y sin antes asesorarse.
Afirmó que si el Presidente del Senado quiere avanzar con la posesión “allá él” y advirtió que vulnerar la Constitución “a la larga trae problemas”.