El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó este lunes que el Gobierno “no está sabiendo gestionar los conflictos, ni en su solución” y advirtió una escalada de conflictos sociales durante el 2026.
Este lunes, el Defensor presentó el informe “Comportamiento de la Conflictividad en Bolivia – primer trimestre 2026” – y advirtió que se evidencia un aumento significativo de los conflictos sociales en el país. “El patrón histórico de conflictividad de Bolivia refiere que mensualmente tenemos un promedio de 30 conflictos. Hoy estamos casi duplicando esa cantidad a 58 conflictos”, señaló la autoridad.
El informe detalla que durante el primer trimestre se registraron 176 hechos de conflictividad, de los cuales 157 corresponden a conflictos activos y 19 a anuncios. Según los datos presentados, enero reportó 35 casos, febrero 44 y marzo 78, “evidenciando una tendencia creciente, con un marcado énfasis en problemáticas económicas que preocupan a la población”.
Asimismo, se identificó una expansión territorial de los conflictos, hacia ciudades intermedias y zonas rurales. En cuanto a la distribución geográfica, el departamento de La Paz concentra la mayor cantidad de conflictos con 47 casos, seguido por Santa Cruz con (28) y Cochabamba (19).
Respecto a las medidas de presión, los bloqueos son el mecanismo más recurrente, con 60 registros, seguidos de paros (23) y marchas (21). Sobre este punto, Callisaya indicó que “el bloqueo es el corolario de todo un proceso de peticiones, demandas realizadas y que resultan no atendidas”.
Uno de los principales focos de conflictividad identificados en el trimestre, es la calidad de los combustibles, con 29 casos registrados. La autoridad subrayó que este tema ha evolucionado hacia un conflicto de alta intensidad.
“El gobierno no está sabiendo gestionar los conflictos, ni en su solución, ni en el manejo de sus tiempos y sobre todo en este último caso que acabamos de ver en el tema de combustible donde un problema se está traduciendo en un conflicto y un conflicto de alta densidad y de larga data porque se están sumando actores, se están ampliando las regiones en las que existe el conflicto y se están adoptando medidas de mayor intensidad”, puntualizó el Defensor del Pueblo.
Por último, Callisaya, instó al Gobierno a asumir medidas urgentes para encauzar la conflictividad mediante el diálogo y la transparencia.
Asimismo, recomendó la necesidad de instalar de forma inmediata una mesa de diálogo, “de múltiples actores, que incluya a líderes políticos, sectores empresariales y organizaciones sociales, con el fin de consensuar una agenda nacional y reducir la tensión social, enfatizando que el diálogo social”.