La Comisión de Justicia de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) ratificó la continuidad de los bloqueos para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz y también expresó su rechazo a la decisión del Gobierno de expulsar a la misión de políticos y activistas argentinos que buscaban llegar al país para verificar la supuesta vulneración de derechos humanos.
Durante una conferencia de prensa, los representantes de la CSUTCB aseguraron que existen casos de agresiones contra movilizados y lamentaron que, según su versión, las instituciones encargadas de velar por los derechos fundamentales no hayan respondido a sus denuncias.
En ese sentido, denunciaron que manifestantes fueron víctimas de discriminación y represión. “Hermanos discriminados, hermanas escupidas, hermanos pateados”, señalaron, a tiempo de reprochar la expulsión de la misión argentina.
“Ellos (misión argentina) no han tenido la posibilidad de ver de cerca lo que está pasando en el país, nosotros tenemos todo el derecho de hacer conocer por qué estamos en las calles, por qué estamos soportando frío, sol, hambre, lamentamos y repudiamos el accionar del Gobierno”, señalaron los representantes de la organización social.
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Finalmente, rechazaron lo expresado por el Gobierno respecto a que los puntos de bloqueos se estarían levantando y ratificaron las medidas seguirán hasta lograr la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
“Denunciamos a la comunidad internacional, no hay respeto, el Gobierno dice que somos vándalos, intransigente y no dejan que venga la instancia internacional”, remarcó.
Este martes se cumplen 47 días de bloqueo de carreteras y movilizaciones que llevan adelante distintos sectores, a la cabeza de la Central Obrera Boliviana (COB), exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Los bloqueos han generado un desabastecimiento de combustible, medicamentos y alimentos principalmente en el departamento de La Paz, con más fuerza en la Sede de Gobierno y El Alto.
Entretanto, el Gobierno señaló que insistirá en el diálogo y no se puso plazos para decretar un estado de excepción, como piden diversos sectores afectados por las movilizaciones.