Blog de Rolando Villena V.

En una de sus sabias enseñanzas Jesús sentenció que: “Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro” (Lc 16,13). Este principio del comportamiento humano, tiene que ver con la coherencia integral de cada ser humano entre lo que dice y lo que hace. En todas las relaciones sociales y políticas, que hacen a nuestra naturaleza humana, esa consistencia permite que nuestras palabras, sean creíbles.

Hace unos días, se conoció que la ex Ministra de Transparencia Nardi Suxo, había sido propuesta por el gobierno boliviano para integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un órgano autónomo de la OEA, cuya importante finalidad es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a partir del análisis técnico jurídico de los casos en que el denunciante alegue que un Estado ha vulnerado derechos y libertades, protegidos por la referida Convención. Sus sentencias son obligatorias, definitivas e inapelables.

Más allá de la motivación que pueda tener el gobierno del MAS para lograr que una de sus militantes acceda a un cargo en esa Corte, que deberá conocer el intento del presidente Morales de reelegirse indefinidamente, y donde - sin necesidad de participar- puede gestionar o acceder a información privilegiada, es indudable que la candidata ha perdido hace mucho tiempo la posibilidad de ejercer de manera idónea y creíble una responsabilidad que implique la defensa de los derechos humanos, que en los hechos, es la esencia y naturaleza del cargo que pretende.

Su descalificación no tiene que ver con la experiencia ni con la capacidad, sino fundamentalmente con la ética; este conjunto de principios que, a partir de la consciencia sobre lo bueno y lo malo, nos hace entender, aceptar y actuar orientados por lo que, consideramos que es lo correcto. Desde esta perspectiva, cuando se asumen, se aceptan y se pregonan los derechos humanos, no es posible vulnerarlos, permitir que se vulneren o pretender imparcialidad, sin cometer una falta ética y en la mayoría de los casos, incluso un delito.

Ningún boliviano honesto puede negar que en el actual gobierno se han cometido y se cometen vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos, casi en todos los órdenes; y que se ha llevado adelante un plan para desarmar, y eliminar la institucionalidad de los DDHH. Muchas de estas vulneraciones, incluso las más violentas como la represión de Chaparina, se han cometido mientras la ex Ministra cumplía funciones públicas de alta importancia; en ningún momento criticó o condenó estas violaciones flagrantes y evidentes que, probablemente se decidían en gabinetes de los que ella misma formaba parte. Esa fue y es su elección de vida. Suxo pudo haber tenido una carrera sobresaliente en ese campo, pero en un momento tomó una decisión política de servir a un gobierno y a un partido, por encima de cualquier otro principio o consideración, incluidos los derechos humanos.

En momentos en que los sistemas judiciales de varios países están sufriendo crisis terminales, el Estado de Derecho y los derechos humanos pierden cada vez más credibilidad, es imperativo que espacios como la Corte Interamericana de los DDHH se mantengan por sobre toda las cosas, libres de injerencias o intereses particulares de personas o gobierno, de modo tal que, puedan ejercer sus funciones con la más alta probidad e idoneidad.

Es de esperar que la decisión que tomen todos los países que son parte del Sistema interamericano, para elegir a los jueces, fortalezcan aún más la institucionalidad, el Estado de Derecho, y la alternancia política tan necesaria para la convivencia pacífica de nuestros pueblos y países.

En octubre de 2015, en mi condición de Defensor del Pueblo, afirmé públicamente que "pretender el desarrollo económico a costa de la depredación de la Madre Tierra, la invasión y colonización de los territorios de los pueblos indígenas y la negación de su derecho a la consulta previa, no es coincidente con la democracia que habíamos decidido construir".  Esa afirmación nos generó violentas agresiones del oficialismo y, de alguna manera, decidió la suerte que hoy sufre la institución.

Ya entonces, advertimos la intención del Gobierno de sacrificar a los pueblos indígenas, para profundizar el extractivismo y entregar las áreas protegidas a la voracidad de las transnacionales extranjeras, ante el rotundo fracaso de su política económica que, tras 12 años de control total del Estado y de ingresos superabundantes, no tuvo la capacidad de generar una alternativa de desarrollo.

Hoy, es evidente que este afán destructivo y depredador se ha convertido en una política de Estado, sustentada en los decretos 2366, 2400, 2992 y 2298 y en las Leyes 065, 083 y 084 que, a su turno, desnaturalizan y hacen inviables las consultas previas y permiten que las empresas extranjeras exploren y exploten hidrocarburos en áreas protegidas como Tariquía, entregada a Petrobras, Shell y Repsol, transnacionales responsables, por separado, de desastres medioambientales en Nigeria, Colombia, Brasil y Argentina.

Además de haber devuelto a las petroleras más de $us 4.000 millones, en los últimos años por gastos exploratorios, el Gobierno realizó en agosto de 2017, una ‘subasta’ de 100 campos hidrocarburíferos para atraer más inversión extranjera. Estas áreas, ubicadas en todo el territorio nacional, incluían comunidades indígenas, especies en riesgo de extinción, reservas de agua y plantas únicas en el mundo.

Una variable muy grave de esta política entreguista es la apertura a la utilización de tecnologías contaminantes como la exploración sísmica 3D o la fractura hidráulica (fracking) que, a pesar de conocerse estudios especializados que evidencian su potencial destructivo, no solamente las autorizaron, sino que las promueven como un gran logro.

Contra toda advertencia, el Gobierno ha decidido construir una serie de mega represas, entre las que están Rositas, el Chepete y El Bala; estas últimas destruirán gran parte de las reservas del Madidi y Pilón Lajas, consideradas entre las más ricas en biodiversidad del mundo y hábitat ancestral de 18 comunidades de tres pueblos indígenas.

Según investigaciones especializadas, Bolivia pierde anualmente 350.000 hectáreas de bosques, 20 veces más que el promedio mundial.  En lugar de reducir esta tendencia, el Gobierno de Morales busca destruir más bosques para ampliar la frontera agrícola, de 3 a 17 millones de Ha, y por si fuera poco, permitir el uso de transgénicos con el fin de multiplicar la producción de soya, maíz y sorgo, no para alimento humano, sino para producir biocombustible y ampliar el hato ganadero, lo que, de concretarse generará una erosión irreversible que puede convertir los fértiles suelos orientales, en eriales antes de 20 años.

Lo trágico de estos funestos planes es que el destino de los más de 20 pueblos indígenas, que habitan en 12 áreas protegidas, ni siquiera se ha considerado. Las brutales represiones como las de Chaparina y Takovo Mora, el avance del camino por el centro del Tipnis, la desintegración de la reserva de Guarayos y la desidia del Estado frente a la inminente extinción de los pacahuara, los chacobos, los canichanas y los sirionó , así lo confirman. De acuerdo a datos del Cedib, cinco áreas protegidas habitadas por indígenas están tan afectadas por los planes de expansión petrolera, que ya han perdido su condición de tales.

Quizá lo más indignante sea que esta política de devastación esté acompañada por un discurso que en los foros internacionales sigue defendiendo los derechos de la Madre Tierra y los pueblos indígenas, en una suerte de celebración de la hipocresía y la impostura que sería solo anecdótica si no escondiera un propósito tan destructivo que nos llevará a una involución histórica que sufrirán nuestros hijos y nietos.

Hace algunos días, la Asamblea Legislativa, tras una interpelación, felicitó al ministro de Gobierno por la intervención en la cárcel de Palmasola, una acción policial que derivó en la muerte violenta de ocho prisioneros, que supuestamente planeaban una fuga masiva. La misma Asamblea acaba de aprobar un proyecto de Ley que determina la impunidad previa, para los militares y policías que, en labores de combate al contrabando, utilicen sus armas de reglamento y ocasionen la muerte de supuestos delincuentes, aunque se trate de choferes, cargadores, comerciantes o comunarios indígenas de la zona. Basta que los uniformados afirmen que fueron atacados previamente.

Estos sucesos, que debieran ser una excepción en un Estado de derecho, se están convirtiendo en una regla constante. Como ejemplos podemos citar casos como el asesinato de un viceministro y seis mineros en 2016, las muertes de Caranavi en 2012, los decesos no esclarecidos en celdas policiales, en cuarteles militares y en movilizaciones ciudadanas, e incluso hechos luctuosos como el asalto a Eurocronos, en el que se optó por una intervención armada, pese a la evidencia que la vida de los rehenes podía ponerse en peligro.

Aunque en las acciones señaladas hubo intervención directa e impune del Estado, este problema se extiende a toda la sociedad. Los datos oficiales muestran que en 2017, la cifra de feminicidios alcanzó a 111. Hasta ahora, el país registra 419 casos en los cuatro años de vigencia de la Ley 465, colocándonos como uno de los Estados con más alto promedio de feminicidios en el continente.

En relación a los infanticidios, en 2017, el número de casos subió a 87, casi el triple que el año anterior, alcanzando 230 en los últimos cuatro años. Ambas variables continúan en un pavoroso ascenso, pero sobre todo muestran una constante de crueldad y saña tan extrema que desafía nuestra propia definición de humanidad.

Todos estos datos, que parecen aislados o disfuncionales, muestran con mayor contundencia, el progresivo avance en nuestro país, de lo que la Conferencia Episcopal de Bolivia llamó hace poco “la cultura de la muerte”, es decir un conjunto de acciones y decisiones conscientes y planificadas, que tienden a desvalorizar o relativizar la vida, en cuanto derecho fundamental y esencia básica de la convivencia humana.

A propósito, es paradigmático que en el defenestrado Código Penal, el debate sobre el derecho a la vida tuvo menos incidencia que el de los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la protesta o las garantías para el ejercicio profesional.

Lo paradójico es que Bolivia es uno de los países pioneros en las definiciones y la positivización del concepto de la vida como valor supremo, asociado a la naturaleza, la madre tierra y los otros seres vivos, al extremo de sancionar penalmente y generar indignación pública ante la crueldad hacia las mascotas o la caza de animales silvestres.

historia nos muestra que cuando una sociedad relativiza el respeto a la vida, y asume que aquello que es nocivo para la comunidad, debe eliminarse, terminará por eliminar lo que considere anormal e incluso diferente. Es imprescindible que reflexionemos que el espíritu de toda ley es proteger la vida y desde esta premisa, todos estamos llamados a defender aquello que ayude a resguardarla. Como dijo Mahatma Ghandi “nadie puede crear vida y nadie tiene derecho a quitarla”.