En una de sus sabias enseñanzas Jesús sentenció que: “Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro” (Lc 16,13). Este principio del comportamiento humano, tiene que ver con la coherencia integral de cada ser humano entre lo que dice y lo que hace. En todas las relaciones sociales y políticas, que hacen a nuestra naturaleza humana, esa consistencia permite que nuestras palabras, sean creíbles.

Hace unos días, se conoció que la ex Ministra de Transparencia Nardi Suxo, había sido propuesta por el gobierno boliviano para integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un órgano autónomo de la OEA, cuya importante finalidad es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a partir del análisis técnico jurídico de los casos en que el denunciante alegue que un Estado ha vulnerado derechos y libertades, protegidos por la referida Convención. Sus sentencias son obligatorias, definitivas e inapelables.

Más allá de la motivación que pueda tener el gobierno del MAS para lograr que una de sus militantes acceda a un cargo en esa Corte, que deberá conocer el intento del presidente Morales de reelegirse indefinidamente, y donde - sin necesidad de participar- puede gestionar o acceder a información privilegiada, es indudable que la candidata ha perdido hace mucho tiempo la posibilidad de ejercer de manera idónea y creíble una responsabilidad que implique la defensa de los derechos humanos, que en los hechos, es la esencia y naturaleza del cargo que pretende.

Su descalificación no tiene que ver con la experiencia ni con la capacidad, sino fundamentalmente con la ética; este conjunto de principios que, a partir de la consciencia sobre lo bueno y lo malo, nos hace entender, aceptar y actuar orientados por lo que, consideramos que es lo correcto. Desde esta perspectiva, cuando se asumen, se aceptan y se pregonan los derechos humanos, no es posible vulnerarlos, permitir que se vulneren o pretender imparcialidad, sin cometer una falta ética y en la mayoría de los casos, incluso un delito.

Ningún boliviano honesto puede negar que en el actual gobierno se han cometido y se cometen vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos, casi en todos los órdenes; y que se ha llevado adelante un plan para desarmar, y eliminar la institucionalidad de los DDHH. Muchas de estas vulneraciones, incluso las más violentas como la represión de Chaparina, se han cometido mientras la ex Ministra cumplía funciones públicas de alta importancia; en ningún momento criticó o condenó estas violaciones flagrantes y evidentes que, probablemente se decidían en gabinetes de los que ella misma formaba parte. Esa fue y es su elección de vida. Suxo pudo haber tenido una carrera sobresaliente en ese campo, pero en un momento tomó una decisión política de servir a un gobierno y a un partido, por encima de cualquier otro principio o consideración, incluidos los derechos humanos.

En momentos en que los sistemas judiciales de varios países están sufriendo crisis terminales, el Estado de Derecho y los derechos humanos pierden cada vez más credibilidad, es imperativo que espacios como la Corte Interamericana de los DDHH se mantengan por sobre toda las cosas, libres de injerencias o intereses particulares de personas o gobierno, de modo tal que, puedan ejercer sus funciones con la más alta probidad e idoneidad.

Es de esperar que la decisión que tomen todos los países que son parte del Sistema interamericano, para elegir a los jueces, fortalezcan aún más la institucionalidad, el Estado de Derecho, y la alternancia política tan necesaria para la convivencia pacífica de nuestros pueblos y países.