Blog de Juan Carlos Zuleta Calderón

Según un reciente reportaje de América Economía, el gerente nacional de Recursos Evaporíticos (GNRE) aseveró que "Bolivia comenzará a producir alrededor de 50.000 toneladas de carbonato de litio a escala industrial grado batería desde el último trimestre de 2018", a tiempo de informar que hasta el momento el país invirtió $us.250 millones en la “industrialización del litio” de un total de $us. 900 millones “presupuestados para todo el proyecto”.

Las anteriores manifestaciones vienen luego del anuncio de que la empresa Rockwood Litio Ltda., subsidiaria de Albemarle (la mayor productora de litio del planeta) en Chile, acordara  con el gobierno del país transandino una importante expansión de capacidad en el Salar de Atacama que le permitirá incrementar su producción de 24.000 toneladas/año a 70.000 toneladas/año de carbonato de litio en los próximos cuatro años.

Pero, ¿cuán verosímiles serán las declaraciones del responsable del proyecto de litio de Bolivia? Mi impresión inicial es que no tanto, por dos razones fundamentales. La primera, que en la Agenda Patriótica 2025, el principal documento de planificación del gobierno, solo se habla de producir 30.000 toneladas/año de carbonato de litio a partir de 2021, lo que es consistente con el Plan Nacional de Desarrollo 2016-2020 recién aprobado donde ni siquiera se plantea un objetivo de producción para el litio del Salar de Uyuni.

No es la primera y, seguramente, no será la última, vez que el citado funcionario público, en un afán por mostrar que el proyecto impulsado por el gobierno boliviano va viento en popa, desinforma a la opinión pública nacional e internacional sobre el avance del estratégico emprendimiento.  Al parecer, no percibe el flaco favor que le hace al Estado boliviano al restarle toda credibilidad acerca de su futuro ingreso al mercado del único metal cuyo precio ha mostrado un aumento extraordinario en meses recientes.

No hay que olvidarse de que desde hace ya casi 8 años el régimen viene anticipando el arranque del proyecto sin haber podido cumplir hasta la fecha la más mínima meta. Dado el clima pre-plebiscitario en Bolivia, los lectores podrán darse cuenta de cuáles podrían ser los verdaderos motivos del sorpresivo anuncio. 

En este contexto, llama la atención el nuevo dato sobre inversión ejecutada ($us.250 millones) que proporciona.  Ésta solo puede explicarse a través de un incremento desproporcionado del gasto en la construcción de más piscinas de evaporación solar que constituyen el elemento fundamental de la tecnología “desarrollada” por el proyecto piloto. La pregunta que cabe al respecto es si resulta razonable continuar erigiendo tales obras de infraestructura en ausencia del diseño final de la planta industrial encargado en agosto pasado por 10 meses a la firma alemana K-UTEC.  

En una noticia publicada el 30 de abril de 2015 (poco menos de cuatro meses antes de la firma del contrato) en el periódico alemán Thueringer Allgemeine,  Marx [el propio gerente de K-UTEC] se mostraba sorprendido de los costos de inversión de 570 millones de Euros mencionados por el gobierno boliviano. “Recién hemos construido en Argentina una planta con capacidades similares a las de Bolivia y ha costado alrededor de 110 millones de Euros,” decía Marx.  Si como se indicó, las piscinas de evaporación solar representan la mayor parte de la inversión en Uyuni, es fácil deducir o que la tecnología de extracción de litio de K-UTEC es mucho más eficiente (porque entre otras cosas pone menos énfasis en piscinas de evaporación solar) que la boliviana o que esta última tiene un evidente sobreprecio. Lo anterior nos dirige a la segunda razón por la cual se puede considerar poco creíble la reciente manifestación del mandamás del proyecto gubernamental.

Me refiero al contrato con la mencionada compañía alemana, el cual, según se conoció en oportunidad de su suscripción, estaría vinculado al tamaño del proyecto industrial (30.000 toneladas/año). ¿Cómo es que ahora, transcurridos apenas cinco meses desde la firma del contrato, se decide incrementar la capacidad de producción del proyecto en cerca de un 70%? Pero, esto no es lo más complicado. Como he argumentado en otro artículo, el problema radica en que lo más probable es que K-UTEC haya tenido que empezar de cero y que proponga cambios sustantivos al proceso “descubierto” por el proyecto dirigido por el gobierno. En estas circunstancias, solo habrá que cruzar los dedos y esperar que las costosas piscinas de evaporación caprichosamente construidas (y por construir) por el proyecto sirvan algún día para algo.

*   Casi al cierre de este artículo, tuve acceso a una publicación del periódico Cambio del gobierno donde sólo se habla de una producción en el Salar de Uyuni de 4.000 a 5.000 para luego subir a 15.000 toneladas a partir de 2018, refiriéndose a las mismas declaraciones del GNRE.  Como acabo de ver que tanto la publicación de América Economía como otras que recogieron esa información primicial mantienen el mismo dato de 50.000 toneladas desde 2018, el presente análisis se dirige a desestimar todas esas muestras de desinformación nunca desmentidas por el gobierno.

*     Analista de la Economía del Litio.

En un artículo titulado “La paradoja del crecimiento económico con derrumbe productivo” publicado en agosto del año pasado, reiteré anteriores argumentaciones y planteé otras nuevas respecto a las bases del crecimiento económico para explicar posibles acciones futuras del gobierno (v.g. aumento de la inversión pública, financiada por deuda interna a través del BCB  o deuda externa onerosa, y   del gasto corriente, asegurando el pago del segundo aguinaldo) con el propósito de continuar incentivando la elevación de la demanda interna y mantener el incremento del PIB, aun a costa de llevar a la economía el 2016 hacia una situación caracterizada por una menor capacidad de creación de empleo y un estancamiento económico.

Dichas argumentaciones se pueden resumir de la siguiente manera: 1) El aumento de la demanda interna solo fue posible gracias al crecimiento de las exportaciones totales; 2) las exportaciones netas en 2014 disminuyeron no por la caída de las exportaciones sino por el incremento desmesurado de las importaciones no necesariamente de bienes de capital; 3) la demanda interna per se no puede ser el motor del crecimiento de un país con un mercado interno tan pequeño; 4) la producción nacional no tiene capacidad para abastecer la demanda interna; 5) la capacidad del gobierno para administrar las políticas monetaria y fiscal y mantener la estabilidad económica es sólo una condición necesaria (no suficiente) para el crecimiento económico sostenible; y 6) los avances en materia de industrialización con recursos del Tesoro y el BCB ni siquiera se pueden comparar con el franco proceso de desindustrialización exacerbado en años recientes por el modelo extractivista del gobierno.  

En las últimas semanas, en su réplica a un reciente artículo del actual Viceministro del Tesoro y Crédito Público, un ex Presidente del Banco Central de Bolivia (BCB) ha puesto de relieve los puntos 1) y 6), tocando de paso mi observación respecto al financiamiento del gasto público con deuda externa. En esta contribución intentaré desarrollar un poco más los puntos 2) y 4), dejando para futuros aportes las argumentaciones contenidas en 3) y 5), a tiempo de plantear la necesidad de trasuntar lo que he venido en denominar el análisis dicotómico del crecimiento económico en Bolivia.   

Con relación al primer punto, quisiera en principio reiterar mi crítica al contrargumento usual del gobierno a cualquier oposición al rol de la demanda interna en el crecimiento económico: Si la demanda externa no podía haber influido en el crecimiento porque cayó no solo en 2014 sino también en 2015, entonces ¿qué determinó el incremento del PIB? Al respecto, en el artículo mencionado ya me he referido al papel ambiguo de la demanda externa en el crecimiento, no porque las exportaciones tengan un efecto marginal en el indicador macroeconómico sino debido a que en Bolivia las importaciones de bienes de capital, que podrían abrir las puertas a la innovación tecnológica y, por tanto, tener una incidencia mayor en el crecimiento, constituyen una parte muy pequeña (alrededor del 25%) de las importaciones totales del país. Como sostuve en mi artículo, hoy en día la clave del crecimiento es la innovación tecnológica, la que se efectiviza en general mediante la inversión en bienes de capital que, dada nuestra condición de país subdesarrollado, no podemos producir, por lo que para innovar necesitamos adquirir bienes de capital del extranjero. Adicionalmente, tal como anticipé en agosto del año pasado, la situación se complicó mucho más este año. En efecto, según datos del INE para el período enero-noviembre de 2015, la demanda externa se desplomó en un -118% respecto a similar período el 2014. En este contexto, las exportaciones cayeron (en -31,8%) 3,3 veces más que las importaciones (-9,5%), lo que sigue poniendo en cuestión el discurso gubernamental sobre el supuesto fomento al crecimiento en el mediano y largo plazos, considerando que en dicho período la variación porcentual negativa de las importaciones de bienes de capital (-12,7%) superó con creces la de las importaciones totales (-9,5%).

En torno al segundo punto, tengo a bien objetar otra vez la falacia de que la producción nacional es capaz de abastecer la demanda interna cuando está claro que para la mayor parte de los proyectos de inversión pública ejecutados por el gobierno lo que más se requiere son insumos (suministros), combustibles y medios de transporte (no bienes de capital) importados, cuyo aumento contribuye al deterioro de la balanza comercial, las exportaciones netas o la demanda externa. En este contexto,  las cifras en rojo en los primeros 11 meses del año pasado de las importaciones de bienes de capital y las importaciones totales mencionadas anteriormente contrastan con las únicas variaciones porcentuales positivas de las importaciones en el período considerado: Combustibles y Lubricantes básicos (8,0%), Vehículos Automotores de Pasajeros (7,5%), Artículos de Consumo Semiduraderos (8,5%) y Artículos de Consumo No Duraderos (1,9%).

Para concluir, por todas las puntualizaciones anteriores, sugiero al gobierno dejar de lado el análisis dicotómico (basado en una simple contabilidad del crecimiento) respecto del rol de los dos tipos de demanda (interna y externa)  en el incremento año a año del PIB para empezar a fijar más su atención en temas de fondo que permitan mejorar los niveles de productividad y competitividad en el país, tales como  la promoción de encadenamientos hacia atrás y hacia adelante en el ámbito productivo y el fomento de la ciencia y la tecnología a partir de una alianza estratégica entre gobierno (en sus niveles central, subnacional y local), empresarios (formales e informales) y universidades (públicas y privadas).   

*  Una versión más larga de este artículo fue publicada en fecha 18/01/2016 en el sitio web Faroeconomics.org.

**   Economista.

No muchos estuvieron de acuerdo conmigo hace ocho años cuando en un blog publicado por EVWorld.com (Estados Unidos) y reproducido por Nueva Economía (Bolivia) anuncié por primera vez el advenimiento de un nuevo paradigma tecno-económico en el mundo con el litio como su factor clave.

Como ya he comentado en la versión digital del informe que acaba de publicar The Economist bajo el sugerente título de "Energía limpia: Un metal cada vez más precioso", la presión que ahora  viene por el lado de la demanda ha encontrado a Chile y Bolivia, los dos países con los mayores recursos de litio de  la tierra, desprovistos de la capacidad suficiente para cubrir los requerimientos del mercado en el corto plazo. Esto puede explicar la subida del precio actual y perspectivas similares para los próximos años.

Aunque hay un mundo de diferencia entre Chile y Bolivia (en cuanto se refiere al litio), ya que el primer país fue en 2014 el productor número 2  de litio del mundo y el segundo continúa experimentando con sus enormes recursos no explotados, ambos han sido extremadamente lentos para reaccionar a las señales del mercado que hoy en día son más claras y visibles. El tiempo dirá si Chile puede alcanzar a Australia y recuperar su liderazgo y si Bolivia finalmente logra entrar a tiempo a un mercado efervescente en los años que vienen.

Mientras tanto, una última noticia indica que la Comisión del Cobre de Chile (CODELCO) que controla importantes concesiones de litio en diferentes salares del país trasandino ha decidido recientemente licitar la exploración de litio en el Salar de Maricunga, donde posee el 18% de los recursos y en Pedernales, donde ostenta el 100% de los mismos.

Esto no es ninguna sorpresa en un momento en que los precios internacionales del cobre, el principal producto de exportación de Chile, han alcanzado los niveles más bajos. Pero, es todavía una medida tibia en  ausencia de la largamente esperada política nacional de litio, tal como se prevé en el informe final de la Comisión Nacional de Litio entregado por un grupo de expertos a la Presidenta Bachelet hace aproximadamente un año.

Del mismo modo, una visita estos días a Bolivia por el viceministro alemán de Transportes, que ha expresado públicamente el interés de su país en la inversión y cooperación en litio, presenta a primera vista un nuevo conjunto de oportunidades. Parece ser también una continuación del contrato firmado en agosto pasado entre la firma alemana K-UTEC y el Gobierno de Bolivia para trabajar en el diseño de la planta industrial capaz de producir 30.000 toneladas de carbonato de litio hasta 2025, de acuerdo con la Agenda Patriótica a ese mismo año.

Sin embargo, teniendo en cuenta los escasos resultados de una fase piloto que tomó más de siete años, es probable que K-UTEC se esté viendo obligada a empezar desde cero para desarrollar el proceso apropiado a ser ampliado a la fase industrial del proyecto. A pesar de que la participación alemana ofrece nuevas esperanzas para el desarrollo de litio en Bolivia, está lejos de allanar el camino para que nuestro país pueda convertirse en el próximo centro energético del mundo.

*  Este artículo constituye una traducción al español del blog publicado bajo el mismo título por primera vez en fecha 15/01/2015 en el sitio web EVWorld.com.

** Analista de la Economía del Litio.

En un reciente artículo publicado por el sitio RT, Juan Manuel Karg intenta retratar el escenario económico y político previo al próximo referéndum boliviano introduciendo muchas imprecisiones y medias verdades que no se pueden pasar por alto.  En los siguientes puntos, resumo mi crítica al respecto:

En primer lugar, si bien el proyecto de reforma de la Constitución Política del Estado que será puesto a consideración en el referéndum de febrero está dirigido a habilitar a los actuales mandatarios del Estado a participar en las elecciones en 2019 y no de manera indefinida, conviene que sepa el extranjero “progresista” que opina sobre Bolivia  que ya antes (en octubre de 2008) el Presidente prometió no postularse a una reelección habiendo faltado a su palabra (Véase: http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2013/0227/noticias.php?id=87493).  Por tanto, la lectura de los medios de comunicación del continente está basada no en una mala intención sino en una ausencia de credibilidad del líder del trópico cochabambino.

En segundo lugar, a medida que pasan los días, el ministro del área económica y su equipo se van quedando solos con la cantaleta de que los logros de la gestión se encuentran principalmente en las variables macroeconómicas, de las más estables del continente, y hasta uno de los analistas más afines al gobierno acaba de desmarcarse admitiendo que la causa fundamental del auge económico boliviano fueron los precios internacionales de las materias primas (Véase: http://www.paginasiete.bo/opinion/2016/1/5/que-paso-puede-pasar-economia...).  Es más, el Plan Nacional de Desarrollo 2016-2020 recién aprobado (cuyo proceso de elaboración habría durado más de cuatro años, en los cuales el país deambuló sin norte ni destino) no es más que un mal instrumento de campaña para el próximo referéndum porque sólo representa un conjunto de buenos deseos supeditados a deuda externa onerosa a contraer y créditos internos a carcomer las cada vez menores reservas internacionales netas.  En estas circunstancias, a pesar de que, hasta el presente, la propaganda gubernamental parece haber posicionado muy bien un discurso económico triunfalista, éste podría estar a punto de desmoronarse cual castillo de naipes ante la fuerza de la realidad, poniendo en cuestión la presumida capacidad para gestionar la economía a la que se refiere el vicepresidente en una entrevista mencionada en el artículo donde presenta a Bolivia como un ejemplo a seguir por otros gobiernos de la región ubicados en la izquierda política.

En tercer lugar, el autor de la nota se esfuerza por presentar los resultados de las elecciones de 2014 y recientes encuestas realizadas por una consultora y un canal televisivo funcionales al gobierno como prueba suficiente de que la suerte ya está echada a favor del actual régimen. No obstante, en una muestra de notoria parcialidad excluye de su análisis las cifras catastróficas del reciente referéndum sobre los estatutos autonómicos. Esta sesgada forma de ver las cosas no es casual ni mucho menos pues es bastante probable que el columnista sepa que, a diferencia de lo que ocurre en las elecciones nacionales,  subnacionales y locales, donde el voto rural vale más que el urbano, en el referéndum cada persona será un voto. Todo esto pone cuesta arriba las aspiraciones del gobierno que se verá obligado a competir de igual a igual con una oposición que  dejado de asentarse en las figuras de los políticos tradicionales a quienes ha empezado a atacar con la mayor vehemencia. Sin embargo, ni los jerarcas de turno ni el desinformado ensayista parecen haberse dado cuenta de que ahora la lucha tendrá que ser contra un movimiento ciudadano que ya no responde a los cánones del pasado, sino más bien a nuevos íconos como “Petardo”  que reflejan los remozados ideales del pueblo. 

Para concluir, con relación a la conjeturada exitosa gestión del gobierno ante la Corte Internacional de La Haya, como he argumentado en una contribución anterior (Véase: http://oxigeno.bo/node/11189, tal vez el autor del artículo debiera preguntar al “binomio estrella” cuál será el mejor resultado posible en este caso, teniendo en cuenta que aun cuando la Corte obligue a Chile a negociar con Bolivia una salida soberana al mar, no queda claro ni el tiempo que tomará una resolución definitiva de este problema ni a cambio de qué se dará la misma.

* Economista

En una reciente noticia difundida por la Agencia de Noticias Fides (ANF), se informa que para el partido de gobierno no es necesario mayor debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para aprobar con sus dos tercios, una ley de convocatoria a referendo para modificar parcialmente la Constitución Política del Estado (CPE) que viabilice la reelección del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera. Así, todo parece indicar que, al más claro estilo de los anteriores gobiernos, se pretenderá otra vez tomar por sorpresa al pueblo.

Entre las razones que se utilizan para convencer a los incautos figuran principalmente dos: 1) Que con el actual binomio hay más opciones para obtener un resultado favorable de la demanda marítima en La Haya y 2) que solo Evo y Álvaro podrán garantizar una economía estable y en crecimiento.

Con relación a la primera, quizás sea bueno preguntarse antes que nada: ¿Cuál será el mejor resultado posible en este caso? Si, como sabemos, este se refiere a obligar a Chile a negociar con Bolivia una salida soberana al mar, las preguntas que siguen deberían ser: ¿En cuánto tiempo? ¿A cambio de qué? En la medida en que las respuestas a estas interrogantes van más allá de la capacidad del "binomio estrella", y dependerán de la voluntad de la otra parte, queda claro que esta primera razón no parece muy convincente.

Respecto a la segunda, es notorio el apuro de los jerarcas de turno para resolver este punto a la mayor brevedad posible, es decir antes de que se sienta con mayor fuerza el desmoronamiento económico, que ya ha empezado y que se intentará sostener, en el peor de los casos, hasta diciembre de este año y, en el mejor, hasta mediados del próximo.

Conviene anotar, sin embargo, que nada de esto será necesariamente gratuito. En la actual coyuntura económica, la base de la estabilidad viene dada, entre otras cosas, por el mantenimiento de un tipo de cambio fijo que, ligado a la bolivianización de la economía, seguirán permitiendo controlar la inflación.

Pero, el éxito de esta política no solo está vinculada a la voluntad del gobierno de continuar sometiendo a las pocas empresas exportadoras de bienes no tradicionales que quedan en el país a los rigores de una competencia internacional sobredimensionada en virtud de las recientes devaluaciones en economías donde dichas empresas venden sus productos. Pasa también por una situación de oferta suficiente de divisas que no está garantizada ni mucho menos, tal como se puede evidenciar con datos (del INE) correspondientes a la balanza comercial para los primeros 7 meses del año que después de mucho tiempo reflejan cifras negativas.

Adicionalmente, como he argumentado en un anterior artículo, en un afán desmedido por mantener el crecimiento, ante la caída de los ingresos fiscales provenientes de las exportaciones, y en una lógica ultra-keynesiana, el gobierno intentará introducir mucho dinero en la economía vía inversión pública solventada por deuda interna a través del Banco Central de Bolivia (BCB) o deuda externa onerosa financiada por ciertos organismos internacionales, y/o gasto corriente, asegurando, por ejemplo, el pago del segundo aguinaldo que, irónicamente, contribuirá al cumplimiento de la meta de crecimiento del gobierno, cuando en condiciones normales tendría que haber sido al revés.

Aunque todo esto tendrá un efecto directo en el aumento de la demanda interna y en el mantenimiento del crecimiento, puede que ocasione al mismo tiempo un endeudamiento interno y externo descomunal acompañado de un descalabro definitivo de las últimas empresas privadas rentables que quedan en Bolivia, llevando a la economía a partir de 2016 hacia límites intolerables de desempleo y estancamiento económico, lo que, a su vez, podría poner en riesgo la propia estabilidad macroeconómica del país tan ponderada por el gobierno.

Si vemos, entonces, las cosas con cuidado, la segunda motivación es tan o más débil que la primera, por cuanto los diferentes sectores más afectados por la crisis (pequeñas y medianas empresas, comerciantes de ropa usada, departamentos extractivistas, economía informal, desempleados, etc.) muy pronto empezarán a demandar cada vez mayor apoyo, más allá de canchas de césped sintético y sedes de sindicatos, y el gobierno se verá cada vez más limitado para satisfacer estos pedidos, lo que con el tiempo mermará la afinidad de muchos con el "binomio estrella". De ahí la importancia para el gobierno de que se defina cuanto antes la re-re-re y de ahí también la necesidad de que el pueblo abra los ojos más temprano que tarde.

* Economista. 

Hace unos meses, la economista Katherine Hinojosa Virreira intentó defender sus anteriores argumentaciones en una crítica a mi artículo titulado “¿Bases sólidas del crecimiento boliviano?”. A continuación, desmenuzo los puntos centrales de su planteamiento.

En primer lugar, sostiene que cuando digo que el aumento de la demanda interna solo fue posible gracias al crecimiento de las exportaciones totales muestro un desconocimiento de la macroeconomía por cuanto me olvido de hablar de las importaciones, enfatizando que lo importante en el comercio exterior son las exportaciones netas.

Su argumentación “muy de libro de texto”, sin embargo, no permite visualizar algunos detalles. Uno de ellos es que las exportaciones bolivianas, al estar fuertemente ligadas a la extracción de nuestras principales materias primas, se hallan intricadas en la economía a través de regímenes tributarios y regalitarios (aplicables a cerca del 80% de las exportaciones totales) y tienen efectos particulares en las finanzas (y la inversión) públicas de los tres niveles del Estado (nacional, departamental y municipal) con implicaciones adicionales en la economía privada formal e informal. Esto explica, por ejemplo,  por qué la caída de los precios del petróleo y el consiguiente desplome del valor de las exportaciones de gas natural ya se hayan empezado a traducir en una crisis de liquidez en el gobierno departamental de Tarija que podría conducir a la quiebra de muchas empresas constructoras dejando en la calle a unos 5.000 trabajadores.

Otro aspecto se refiere al hecho de que no se puede poner a todas las importaciones en la misma bolsa. En efecto, todo estudiante de economía sabe hoy en día que la clave del crecimiento es la innovación tecnológica, la que se efectiviza en general mediante la inversión en bienes de capital. Dada nuestra condición de país subdesarrollado, no poseemos capacidad para producir nuestra propia tecnología, razón por la cual para innovar necesitamos adquirir bienes de capital del extranjero.

En estas circunstancias, es notoria la ambigüedad del rol de las exportaciones netas en el crecimiento económico no porque las exportaciones tengan un efecto marginal en el aumento año a año del PIB sino debido a que en Bolivia las importaciones de bienes de capital (que podrían tener una incidencia mayor en el crecimiento) representan apenas alrededor de un  cuarto de las importaciones totales del país.

En segundo lugar, indica que la demanda externa no podría haber influido en el crecimiento porque cayó en 1,4% en 2014. No obstante, se olvida de anotar que las exportaciones netas disminuyeron no por la caída de las exportaciones sino por el incremento desmesurado de las importaciones no necesariamente de bienes de capital. Resulta claro que en los momentos actuales la situación se encuentra mucho más complicada por el lado de la demanda externa que, según datos del INE, entre enero y junio de este año se desplomó en casi un 97% respecto a similar período el año anterior. Es por demás curioso que en este plano las exportaciones hayan bajado (-29,6%) casi 10 veces más que las importaciones (-3,2%).  Todo esto pone en cuestión el discurso gubernamental respecto a su supuesto fomento del crecimiento económico en el mediano y largo plazos, máxime si se tiene en cuenta que en ese mismo período la variación porcentual negativa de las importaciones de bienes de capital (-6,5%) más que duplicó la de las importaciones totales (-3,2%).    

En tercer lugar, la analista, claramente identificada con el gobierno, repite el discurso del titular de economía al hablar de la influencia de la inversión pública y el gasto del gobierno en el aumento de la demanda agregada, pero no hace referencia a los límites de estas variables. Como he manifestado en una anterior contribución, la demanda interna per se no puede ser el motor del crecimiento de un país con un mercado interno tan pequeño. En este sentido, con su análisis tan estrecho el gobierno habría resignado nuestras aspiraciones de desarrollo de mediano y largo plazo que, entre otras cosas, requerirá tasas de crecimiento por encima del 7%, muy difícil de alcanzar con el actual modelo económico.   

Por otro lado, resulta una total falacia decir que la producción nacional es capaz de abastecer la demanda interna cuando está claro que para la mayor parte de los proyectos de inversión pública lo que más se requiere son insumos, combustibles y medios de transporte (no bienes de capital) importados, cuyo aumento contribuye al deterioro de la balanza comercial.

En cuarto lugar, dice que los logros económicos del gobierno fueron posibles porque ahora Bolivia puede administrar sus políticas monetaria y fiscal lo que le permite mantener a raya la inflación y una tasa de crecimiento de alrededor de 5% en el marco de una economía bolivianizada con un amplio margen en el sector fiscal y una deuda externa moderada.

Al respecto, no dudo de la capacidad del gobierno para administrar las políticas monetaria y fiscal para mantener la estabilidad económica, pero ésta es sólo una condición necesaria (no suficiente) para el crecimiento económico sostenible.  Además, ante un panorama externo adverso como el que empezamos a experimentar, es probable que muchas de estas conquistas se vayan desmoronando en el curso de los próximos meses.  

En quinto lugar, menciona que el gobierno ha optado por el camino adecuado al incentivar la industrialización para de esta manera incrementar la oferta agregada, lo que habría contribuido a controlar la inflación evitando un “sobrecalentamiento” de la economía.

Aquí, la analista otra vez solo reitera la propaganda gubernamental porque está claro que lo poco que se avanzó en materia de industrialización con recursos del Tesoro y el BCB ni siquiera se puede comparar con el franco proceso de desindustrialización exacerbado en años recientes por el modelo extractivista del gobierno, tal como he demostrado en otro aporte. 

Por último, la economista concluye que “es sencillo predecir lo que ocurrirá en 2015, el Gobierno impulsará la inversión pública y el gasto gubernamental, con ello dinamizará aún más la demanda interna y cumplirá su meta de crecimiento” y luego se pregunta qué dirá este analista cuando todo esto surta efecto.

Con relación a este punto, en días pasados me he referido a lo que podría llamarse la paradoja del crecimiento económico con derrumbe productivo, la cual se puede describir de la siguiente manera:

En un afán desmesurado por mantener el crecimiento, y ante la merma de los ingresos fiscales provenientes de las exportaciones, el gobierno podría introducir mucho dinero en la economía vía inversión pública solventada por deuda interna a través del Banco Central de Bolivia (BCB) o deuda externa onerosa financiada por la cooperación internacional, y/o gasto corriente, asegurando, por ejemplo, el pago del segundo aguinaldo que, irónicamente, contribuirá al cumplimiento de la meta de crecimiento del gobierno, cuando en realidad debería haber sido a la inversa. Si bien todo esto tendrá un efecto directo en el aumento de la demanda interna y en el mantenimiento del crecimiento, puede que ocasione al mismo tiempo un endeudamiento interno y externo desmesurado acompañado de un descalabro definitivo de las últimas empresas privadas rentables que quedan en Bolivia, llevando a la economía a partir de 2016 hacia límites intolerables de desempleo y estancamiento económico, a tiempo de poner en riesgo la propia estabilidad macroeconómica del país tan ponderada por el gobierno.

Mis análisis sobre el carácter extractivista y primario exportador de la economía boliviana datan de hace por lo menos cuatro años, sólo que es ahora cuando adquieren relevancia porque muchos de mis pronósticos se cumplieron. Invito entonces a mis lectores a releer (porque estoy casi seguro de que ya las leyeron) mis dos principales contribuciones sobre este importante tema: 1) El carácter extractivista y primario exportador de Bolivia (Febrero, 2011); y 2) Extractivismo y desindustrialización en Bolivia (Enero, 2013).

Está claro que a la sombra del extractivismo y el carácter primario exportador de su economía Bolivia no podrá desarrollarse. En este sentido, veo con preocupación que hasta ahora al gobierno no le haya interesado otra cosa. Dos recientes muestras de esto son la Cumbre Agropecuaria en Santa Cruz que decidió extender la frontera agrícola (deforestación masiva de por medio) para producir más soya y otros bienes agrícolas (posiblemente transgénicos) para la exportación y el anuncio de invertir 27.000 millones de dólares en proyectos de generación de energía eléctrica, una buena parte de ella también para la venta en el extranjero.

Dada la testarudez gubernamental, no dudo de que ambos proyectos - que encajan perfectamente en la ampliación del modelo extractivista primario exportador en Bolivia - finalmente se pondrán en marcha, pero es necesario advertir que esto sucederá con un irreparable daño ambiental (dejando entre otras cosas a la “Madre Tierra” en la vía) y - lo que es peor - sin contribuir eficazmente a un verdadero despegue económico en el país. Me pregunto si no hubiera sido más sensato convocar a una cumbre para discutir caminos de superación de ese modelo a tiempo de establecer una genuina senda hacia el desarrollo boliviano de cara a los siguientes 20 ó 30 años, más allá de los clichés y propaganda del gobierno.

Si Tarija y Potosí, los departamentos hasta hace poco puntales de nuestra economía, empiezan ahora a debatirse en una profunda crisis, derivada en gran medida de la caída de los precios internacionales de nuestras primordiales materias primas, poniendo en riesgo el avance económico del resto del país, ¿no parece razonable que el gobierno, en agradecimiento a todo lo que estas regiones contribuyeron para su ascenso político en los últimos años, presentara al menos las líneas maestras de un plan estratégico de desarrollo nacional con la diversificación económica en tales regiones y otras como punta de lanza?

*  Economista.

En momentos en que debería primar la cordura antes que el apasionamiento político y la provocación, el Vicepresidente del Estado tuvo hace unos días, en mi opinión, una actuación desafortunada, cayendo al final derrotado por él mismo frente a un conflicto que no termina de resolverse. A continuación, analizo el discurso de la segunda autoridad nacional sobre el conflicto potosino, dividido en cinco actos.

Acto 1. Su improvisación saltó a la vista cuando leyó la carta de Comcipo y, en particular, el último punto en el que los potosinos exigían la presencia del Presidente y su firma en el documento a suscribirse. Aquí, sus nervios le jugaron una mala pasada. Cuando leyó esa parte de la misiva, no supo qué decir; se percató muy tarde de que ésa era, precisamente, la causa del quiebre del diálogo y sin darse cuenta se metió el primer autogol.

Acto 2. Repitió la explicación sin fundamento del Ministro Romero de que un dinamitazo destruyó la fibra óptica adonde se debía conectar el canal estatal sobre la causa del incumplimiento del compromiso de transmitir el diálogo en vivo, un argumento a todas luces carente de sentido, si se tiene en cuenta que todos los demás medios sí pudieron transmitir el evento en vivo sin problemas. Este fue el segundo autogol.

Acto 3. Intentó desacreditar a los dirigentes potosinos refiriéndose al Silala. ¡Vaya error! Pues, otra vez, no se le pasó por la cabeza que lo estábamos escuchando y viendo con la mayor atención y que todavía quedamos algunos bolivianos con suficiente memoria y dignidad. Dijo que Comcipo se negó a aceptar el pago de Chile (a partir del 2009) sólo del 50% de lo que correspondería por el uso de sus aguas, pero se olvidó de dos importantes detalles: El primero, que esto hubiera sido como caer en el juego de Chile de que solo nos pertenece la mitad del Silala, lo que a su vez hubiera implicado la aceptación de que el Silala es un río internacional y no un manantial que nace en Bolivia, una posición defendida por nuestro vecino. Y el segundo, que esto hubiera significado renunciar a la deuda histórica que Chile tiene con Bolivia desde principios del siglo XX. Por tanto, en este asunto, el Vicepresidente se metió dos tremendos autogoles adicionales.

Acto 4. Se refirió a los dos proyectos más anhelados por el pueblo de Potosí: el aeropuerto y la fábrica de cemento, a los cuales defenestró en un dos por tres sin ningún argumento sólido, rematando su descuidado tratamiento de este tema con una conclusión de lo más extraña, para decir lo menos: Que ahora correspondería a los potosinos demostrar que estos dos proyectos son viables (como si todos los proyectos que ejecuta el gobierno lo fueran) sin proponer ni por si acaso alternativa alguna. Después de escuchar esto, me quedé pensando y dije: ¿O sea que hora Comcipo tendrá que contratar a los técnicos capaces para hacer el trabajo que debió llevar adelante el gobierno? Y luego me pregunté: ¿Y para qué entonces está el gobierno? Este fue el quinto autogol que tuvo que soportar.

Acto 5 y final. Terminó reiterando el libreto del Ministro de Minería en torno a la defensa del proyecto San Bartolomé de la empresa Manquiri y el proyecto del litio en el Salar de Uyuni, sin darse por entendido de que en el primer caso, se trataría de la empresa responsable del pronto desmoronamiento del Cerro Rico de Potosí y en el segundo caso, se estaría hablando de un emprendimiento esencialmente fallido en vista de que luego de más de siete años y un gasto de cerca de $us. 150 millones, no contaría con ningún proceso certificado y menos patentado y sólo habría logrado producir 18 toneladas de carbonato de litio de dudosa calidad y pureza. Y, claro, este constituyó el último autogol con el que fue auto-derrotado por goleada.

*  Economista 

Con inaguantable arrogancia y bajo el sugestivo título “¿Potosino soy?”, se acaba de publicar en este medio un artículo plagado de verdades a medias y acusaciones temerarias a los dirigentes cívicos que desde hace varios días se encuentran en La Paz protestando por la falta de atención del gobierno central a las demandas del pueblo de Potosí.

Al respecto, tengo la impresión de que el autor de tan desatinada contribución periodística pierde los estribos al tachar de discurso cívico separatista y atentatorio contra la unidad de la patria el planteamiento de los potosinos. En un afán claro de parcializarse con la posición oficial, intenta por todos los medios comparar la actual demanda cívica con el movimiento regionalista cruceño de 2009.

Después de elucubrar semejante desparpajo, se anima a argumentar que “la intención de los cívicos es no solucionar nada”, aunque entra en una clara contradicción pues en medio de su exposición alabanciosa de los supuestos grandes logros del gobierno para con Potosí, le da toda la razón a la ministra de comunicación cuando indica que el gobierno central no pudo resolver en cinco años al menos uno de los proyectos reclamados por Potosí y más adelante admite también que el presidente Morales pudiese no haber atendido todas sus demandas. 

A continuación, en su obnubilada paranoia, acusa a los potosinos de buscar la violencia, heridos y muertos de por medio, para luego vincular este movimiento de reivindicación regional con la reconfiguración de una oposición política debilitada. Aquí, solo le falta tildarlos de terroristas para cerrar con broche de oro su parafernalia irresponsable.

En lugar de satirizar los reclamos del pueblo potosino, haciendo notar que no solo crecieron en estos años sino que se volvieron más inviables, sin embargo, hubiera sido bueno que el columnista se entere de que la solución de muchos de ellos apenas requería un mínimo de voluntad política, antes que enormes erogaciones de recursos financieros de parte del poder ejecutivo.

Así, no entiendo por qué hace tanto alarde de que las demandas aumentaron si datan de hace más de cinco años; tampoco resulta comprensible su asombro ante la supuesta inviabilidad de los mismos cuando a lo largo de los últimos nueve años el gobierno habría implementado un conjunto casi incontable de ese tipo de proyectos.

En este contexto, si de hacer las cosas con racionalidad económica se trata, quizás haya  llegado la hora de empezar a tomar algunas acciones. Sugiero, por ejemplo, que se realice de manera inmediata una auditoría técnico-operativa y/o evaluación concurrente de todos los proyectos financiados con recursos del Tesoro General del Estado (TGE) y el Banco Central de Bolivia (BCB) en actual proceso de implementación para determinar su verdadera rentabilidad económica y, en caso de que se demuestre lo contrario, su cierre, seguido de una reasignación de recursos a proyectos económicamente viables en las diferentes regiones del territorio nacional.

El pueblo boliviano no debería seguir tolerando la arbitrariedad con que grandes cantidades de recursos financieros provenientes del TGE y el BCBse destinan a diferentes proyectos que aparecen de cuando en cuando en la cabeza de los principales dignatarios de Estado y se ejecutan sin responder a ninguna estrategia nacional de desarrollo y menos a criterios de equidad regional, eficacia, eficiencia o rentabilidad económica.

Por último, invito al desmemoriado periodista a dejar de satanizar tanto el federalismo y a repasar la historia nacional para encontrar que a fines del siglo XIX y principios del siglo XX fue precisamente en esta región que se enarbolaron las banderas federales para reclamar por la desatención del gobierno de la época, lo que derivó, entre otras cosas, en la llamada guerra federal y el traslado de la sede de gobierno a la ciudad de La Paz.

*  Economista.