En una conferencia de prensa conjunta entre varios ministros, el Gobierno anunció este lunes que investigará a todas las personas que componen la lista de funcionarios y exfuncionarios bolivianos que están prohibidas de entrar a Estados Unidos, por decisión de Donald Trump y su administración.
El ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, enfatizó que Bolivia es respetuosa de las decisiones de los otros países, como es el caso de Estados Unidos, y comprometió su colaboración para que se lleve adelante las “acciones e investigaciones que corresponda a la institucionalidad boliviana”.
Afirmó que “esta situación es un examen para la institucionalidad boliviana” y enfatizó que “en la lucha contra el narcoterrorismo la alianza que tenemos con EEEUU y los países del Escudo de las Américas da cuenta de acciones permanentes”.
En ese sentido, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, especificó que se solicitará información a Estados Unidos respecto a los antecedentes que se tiene para vetar el ingreso a las personas señaladas y se investigará a todos ellos en el país.
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“Iniciaremos un proceso de investigación a fondo sobre esta lista. Realizaremos todas las acciones para que las personas involucradas cumplan con la presentación ante la justicia boliviana”, aseveró.
Entretanto, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, especificó que los motivos por los que una persona fue incluida en la lista del veto estadounidense es el atentar contra el orden institucional y la democracia; la corrupción; y/ o el narcotráfico. No obstante, especificó que no se tiene información adicional del porqué cada funcionario o exfuncionario fue incluido en la lista, a excepción del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, quien es acusado de facilitar el narcotráfico.
El Gobierno de Donald Trump informó este lunes que ha revocado las visas de 27 funcionarios y exfuncionarios latinoamericanos, incluyendo al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca.
Entre los señalados figuran el fiscal general boliviano Roger Mariaca y más de otros 20 autoridades y exautoridades nacionales, 12 de los cuales fueron identificados como titulares actuales de visa y nueve a quienes se les negará la visa si la solicitan. También se ven afectados dos colombianos —un magnate empresarial y un legislador—, junto con dos ecuatorianos y un juez peruano.
Según los documentos, a Mariaca, quien fue elegido para un mandato de seis años en 2024, se le acusa de abusar de su cargo público al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico, y también de ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.
“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del Escudo, está trabajando para fortalecer”, dice el comunicado.
Los afectados por la decisión norteamericana son de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, todos países gobernados por líderes que mantienen relaciones amistosas con Trump
El Departamento de Estado anunció las revocaciones este lunes y dijo que forman parte del compromiso de Estados Unidos de defender la gobernabilidad democrática en el hemisferio frente a la corrupción y el narcotráfico.
“Esta política restringe las visas para ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que atentan contra un gobierno democráticamente elegido mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, reza el comunicado difundido este lunes.
Los nombres difundidos por el Departamento de Estado son los siguientes:
- Martin Daniel Irusta Flores, fiscal superior. Fue abogado defensor del expresidente Juan Evo Morales y de los exministros Juan Ramón Quintana y Nemesia Achacollo. Tambièn fue candidato a diputado en las últimas elecciones por Alianza Popular,
- Albania Chane Caballero Saavedra, primera jueza investigadora Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres en el departamento de Santa Cruz, Bolivia. Dio luz verde para que el exjuez Hebert Zeballos, implicado en el caos ‘maletas’, sea beneficiado con detención domiciliaria en un proceso de legitimación de ganancias ilícitas.
- Alberto Zeballos Flores, actual fiscal titular de Santa Cruz. Anteriormente fue fiscal de Materia en la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Corrupción (Fepdc).
- Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción Penal en el Departamento de Santa Cruz. También firmó el mandamiento de libertad del exjuez Hebert Zeballos, implicado en el caso ‘maletas’.
- Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional durante la gestión de Luis Arce (2020-2024).
- Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, actual fiscal Superior y exfiscal departamental de Chuquisaca, Bolivia. Hombre cercano al actual fiscal general Roger Mariaca.
- Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado constitucional. Acusado de emitir resoluciones contrarias a la norma y responder a intereses gubernamentales de la era Luis Arce, cuestionamientos que él ha rechazado. Suspendió temporalmente la atribución constitucional de la Asamblea Legislativa para censurar a los ministros de Estado.
- Alberto Samuel Soto de la Via, expresidente ejecutivo de la Aduana Nacional durante el gobierno de Rodrigo Paz Pereira, siendo uno de los perfiles cuestionados dentro del caso ‘maletas’. Dejó formalmente la Aduana el pasado mes de agosto.
- Iván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente de la Corte Suprema. Investigado en el caso ‘Consorcio’, por lo presuntos delitos de tráfico de influencias y consorcio de jueces, fiscales y abogados.
- Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez del Primer Juzgado de Instrucción Penal de La Guardia. Fue encargado de controlar la detención preventiva de Misael Nallar por el triple asesinato de policías en Porongo.
- Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía Boliviana. También fue director general d la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) e Inspector General interino hasta hace pocos días, estuvo 23 días en este último cargo.
- José Luis Iriarte Cussi, empresario privado. Ligado al sector energético, especificamente en la distribución de combustibles.