Los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, Diego Ávila y Roberto Castro, respectivamente, plantearon este lunes que el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, se aparte del ejercicio de sus funciones mientras se esclarecen los señalamientos difundidos desde Estados Unidos, que lo acusaron de facilitar el narcotráfico, al considerar que esta medida permitiría “garantizar la independencia, transparencia y debido proceso de las investigaciones” que pudieran corresponder.
La posición fue expresada en una conferencia de prensa conjunta, luego de que el Gobierno de Estados Unidos difundiera acusaciones contra Mariaca y anunciara restricciones de visa. Frente a este escenario, los titulares de ambas cámaras remarcaron que los señalamientos no constituyen por sí mismos una sentencia y que corresponde obtener información oficial, verificar los antecedentes y activar los mecanismos institucionales previstos por ley.
“La gravedad de estos señalamientos obliga a actuar con prontitud, pero también con responsabilidad. Una denuncia no es una sentencia y ningún ciudadano puede ser condenado sin pruebas”, afirmó Ávila.
El presidente del Senado explicó que el pedido de apartamiento responde precisamente a la necesidad de que cualquier investigación pueda desarrollarse sin interferencias. “En resguardo de la institucionalidad democrática, la independencia de la justicia y la transparencia de las investigaciones, consideramos que es necesario que mientras se esclarezcan los hechos denunciados, el fiscal general del Estado se aparte del ejercicio de sus funciones”, sostuvo.
Advertisement:
Ávila añadió que el alejamiento debe permitir que las investigaciones se desarrollen “con plena independencia. Sin interferencias ni privilegios”, garantizando la búsqueda de la verdad material y el respeto al debido proceso. “Bolivia necesita información oficial, cooperación entre Estados y una respuesta institucional transparente”, enfatizó.
Como segundo componente de esta respuesta, ambos presidentes solicitaron al ministro de Relaciones Exteriores que, mediante los canales diplomáticos correspondientes, gestione ante el Gobierno de Estados Unidos toda la información oficial, documentación y antecedentes disponibles sobre los señalamientos. La finalidad, explicó Ávila, es que las instituciones bolivianas conozcan directamente el alcance y sustento de las acusaciones.
Asimismo, Ávila y Castro solicitaron por escrito al vicepresidente Edmand Lara, en su condición de presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la convocatoria con carácter de urgencia a una sesión de la ALP, para que el tema sea incorporado en el orden del día y se consideren los mecanismos institucionales de investigación y seguimiento que correspondan.
Castro remarcó que la Asamblea no pretende anticipar responsabilidades. “No estamos anunciando culpabilidades ni sustituyendo fiscales o jueces. Estamos pidiendo que los hechos sean examinados a fondo, que se presenten los elementos de prueba disponibles y que toda decisión tenga un sustento legal”, afirmó.
El presidente de Diputados sostuvo que la respuesta institucional debe ser igual frente a cualquier persona, independientemente del cargo que ocupe. “No debe existir protección por jerarquía, influencia o cercanía política. Si se comprueban delitos, deben establecerse las responsabilidades y aplicarse las sanciones previstas por ley. Si los señalamientos no tienen sustento, corresponde explicarlo ante el país”, señaló.
El Gobierno de Donald Trump informó este lunes que ha revocado las visas de 27 funcionarios y exfuncionarios latinoamericanos, incluyendo al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca.
Entre los señalados figuran el fiscal general boliviano Roger Mariaca y más de otros 20 autoridades y exautoridades nacionales, 12 de los cuales fueron identificados como titulares actuales de visa y nueve a quienes se les negará la visa si la solicitan. También se ven afectados dos colombianos —un magnate empresarial y un legislador—, junto con dos ecuatorianos y un juez peruano.
Según los documentos, a Mariaca, quien fue elegido para un mandato de seis años en 2024, se le acusa de abusar de su cargo público al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico, y también de ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.
“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del Escudo, está trabajando para fortalecer”, dice el comunicado.