Después de que el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, filtrara un audio que difunde una presunta conversación entre el presidente Rodrigo Paz y su exasesor, el argentino Fernando Cerimedo, sobre el estado de Excepción y una posible intervención en el Chapare, el evismo decidió acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir garantías a favor de Evo Morales.
En el supuesto audio se escucha a Paz y Cerimedo hablar sobre la promulgación de la ley que regula los estados de excepción, en junio pasado, y en medio de la charla el Jefe de Estado expresa que una de las posibilidades que manejaba para la aplicación de la medida era el hacerlo de forma regionalizada y empezar por “sacar la mierda” a la zona del Chapare cochabambino, región considerada como el bastión de Morales.
“¿Qué tal si le sacamos la mierda primero a los chapareños? Porque son el centro del terrorismo”, señala Paz y a lo que Cerimedo responde con un “me gusta”.
En ese sentido, los abogados y exministro del evismo cuestionaron las palabras del Jefe de Estado y advirtieron que se podría poner en riesgo la seguridad del expresidente Evo Morales, a quien identifican como uno de los principales referentes de la oposición a las políticas económicas del actual Gobierno.
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En su denuncia, sostienen que existiría una supuesta decisión de atentar contra la vida del exmandatario y piden que organismos internacionales de derechos humanos adopten medidas para proteger su integridad.
“Se busca impedir su posibilidad de seguir defendiendo a los pueblos indígenas, de seguir defendiendo al pueblo boliviano, de luchar por mejores días para el pueblo, de continuar luchando por la protección de los recursos naturales de Bolivia, de Sudamérica y de todos los pueblos que no quieren entregar sus riquezas a empresas transnacionales ni al imperialismo y lograr que los pueblos puedan gozar del beneficio de sus propios recursos” señala una parte del pronunciamiento del evismo.
En ese sentido, los exministros y abogados del evismo invocaron a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, argumentando que estos instrumentos garantizan el ejercicio de los derechos políticos y la protección de la integridad de las personas.
Además, consideraron “necesaria y urgente” acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar la tutela de los derechos y garantías de Evo Morales.
Finalmente, convocan a organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y a la población boliviana a “pronunciarse públicamente para evitar, según advierten, que se concrete cualquier acción contra la vida del expresidente”.
El documento plantea así una alerta internacional sobre la situación de Evo Morales y solicita que organismos de derechos humanos realicen seguimiento a las condiciones de seguridad del expresidente.
La denuncia lleva las firmas de 28 exministras y exministros que formaron parte de los gobiernos de Evo Morales., entre ellos: Roberto Aguilar, Rafaela Alarcón, Wilma Alanoca, Iván Canelas, Juan Carlos Calvimontes, César Cocarico, Wilfredo Chávez, Alberto Echazú, Fernando Guanacuni, Gabriela Montaño, Teresa Morales, Alfredo Rada, Carlos Romero, Javier Zabaleta, Sacha Llorenti y René Martínez, entre otros exfuncionarios.