La Fiscalía de La Paz descartó ampliar la investigación por enriquecimiento ilícito, y otros delitos, en contra de la primera dama, María Elena Urquidi.
La denuncia , presentada por Lucas Wilbur Torrez Áñez, hacía referencia a presuntas negociaciones irregulares relacionadas con la comercialización y asignación de cupos de combustible, operaciones con oro, contratación de seguros y otros negocios vinculados con el Estado.
Sin embargo, la comisión de fiscales concluyó que no existen elementos que permitan vincular a Urquidi con esos hechos.
La resolución, firmada por los fiscales Miguel Cardozo y Omar Condori, señala además que no se cuenta con una descripción suficientemente determinada de su supuesta participación, particularmente en cuanto a tiempo, lugar y forma de comisión de los hechos.
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Por ello, la Fiscalía resolvió “no dar lugar a la ampliación de investigación” contra Urquidi por los delitos denunciados, entre ellos cohecho, uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas.
Entretanto, la comisión de fiscales sí aceptó ampliar la investigación en contra de Fernando Cerimedo, el argentino que fue asesor del presidente Rodrigo Paz, por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, usurpación de funciones, falsedad material y uso de instrumento falsificado.
Entre los elementos mencionados por la Fiscalía están movimientos y montos de dinero cuyo origen y destino deberán ser investigados, además de bienes y dinero encontrados durante allanamientos relacionados con el caso.
Los fiscales observaron además movimientos económicos que, según la resolución, no guardarían relación con una actividad lícita declarada. El documento sostiene que Cerimedo “habría recibido dinero en una cantidad no acorde al ingreso que determinaría una persona que realiza la actividad de consultor o asesor del Presidente Constitucional”.
La resolución también dispone profundizar la investigación sobre el origen y destino de los recursos económicos encontrados y aquellos que habría recibido a través de la casa de cambios Exchange Sudamérica.
Uno de los puntos centrales de la nueva investigación es el supuesto ejercicio de funciones públicas por parte de Cerimedo.
La Fiscalía señala que durante un allanamiento se encontraron tarjetas personales en las que figuraba como “asesor del Presidente Constitucional de Bolivia”, además de material que, según la resolución, lo presentaba como asesor presidencial.
Los fiscales sostienen que debe establecerse si Cerimedo ejerció funciones públicas sin un nombramiento formal de la autoridad competente y si obtuvo beneficios económicos derivados de esa condición.
También se menciona el hallazgo de tarjetas con un correo institucional, elemento que la Fiscalía considera relevante para investigar un posible uso de instrumentos falsificados y una eventual apariencia de cargo público.
Cerimedo, cabe recordar, cumple detención preventiva en el penal de Palmasola de Santa Cruz acusado por el delito de tentativa de feminicidio en contra de su expareja Nadia Beller.
Asimismo, un juzgado de La Paz dispuso su detención en la cárcel de Chonchocoro por el caso de enriquecimiento ilícito.
Además, el exasesor del Presidente también es investigado por violencia familiar y por tráfico de sustancias controlas y confabulación.
// Oxígeno con información de Asuntos Centrales y Brújula Digital