El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley 1740 que regula los estados de excepción en el país.
Uno de los recursos fue presentado por los diputados Basilia Cruz y Rolando Pacheco, de la bancada de Alianza Popular, y va en contra de los artículos 5,6,13,18, 25 y 26 de la norma.
Según los accionantes, los artículos incorporan presuntas reglas que pueden afectar principios como la presunción de inocencia, la igualdad ante la ley y el control judicial sobre actuaciones realizadas durante un Estado de excepción.
Según el auto constitucional 0314/2026, los accionantes señalaron que la Ley 1740 fue aprobada en un contexto marcado por “bloqueos prolongados de carreteras y de conmoción interna”; sin embargo, argumentaron que esa situación no autoriza a incorporar en favor de la fuerza pública o que se habiliten privaciones de libertad sin control judicial.
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Con la admisión de la acción, el TCP dispuso poner el proceso en conocimiento de Edmand Lara, presidente de la Asamblea Legislativa, en representación del órgano que generó la norma impugnada, para que en un plazo de 15 días se apersone y presente los alegatos que considere necesarios.
El segundo recurso
Por otra parte, este miércoles el senador el senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Wilder Veliz, informó que el TCP también admitió su recurso de acción inconstitucional en contra de la Ley 1740.
Veliz informó que la demanda fue presentada el 9 de junio y que el TCP notificó recientemente el Auto de Admisión 0313/2026-CA, con el que dio curso al análisis del recurso.
“Nosotros hemos presentado una acción de inconstitucionalidad abstracta en fecha 9 de junio de la presente gestión en contra de la Ley 1740 (…) hoy hemos sido notificados con el auto de admisión y seguramente, una vez que entren al análisis de fondo de la demanda, emitirán la sentencia que corresponda”, señaló, según reporte de La Razón.
El senador explicó que el recurso cuestiona los artículos 5, 10, 13 y 26 de la Ley 1740, al considerar que contradicen los artículos 115, 116, 119, 120 y 138 de la Constitución Política del Estado, referidos a las garantías constitucionales y a los límites para la aplicación de los estados de excepción.
La Ley que regula los Estados de Excepción fue sancionada por el Legislativo y promulgada por el presidente Rodrigo Paz el 15 de junio. La norma busca “garantizar la conservación del orden público interno, la vigencia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado (CPE) y la protección de la ciudadanía, ante amenazas externas, conmociones internas o desastres naturales”.
En Bolivia rige el Estado de Excepción desde el 20 de junio tras más de 50 días de bloqueos de caminos por parte de sectores radicales, que pedían la renuncia del presidente del Estado, Rodrigo Paz.
Esa extrema medida de presión dejó fallecidos, actividades paralizadas, choferes varados en caminos en condiciones inhumanas, millonarias pérdidas económicas, desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles, entre otros productos de primera necesidad, y otros daños de magnitud.