Ayer, Añez envió una carta a la presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Eva Copa, para hacerle conocer sus percepciones y observaciones respecto a que las elecciones se realicen el próximo 6 de septiembre, como acordó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) con la mayoría de las organizaciones políticas y como señala la ley recientemente sancionada por la ALP.
Camacho pide que no promulgue la Ley de Elecciones y cuestiona que la alianza Juntos no haya puesto reparos en la fecha sugerida por el TSE. Mesa rechaza que Añez no promulgue la norma y ve afanes prorroguistas.
Oropeza habría sido hallado culpable y sentenciado por el Tribunal de Sentencia Nº 2 de la Capital del Distrito Judicial de Potosí el 30 de octubre de 2008. habría sido condenado a pena privativa de libertad no mayor a dos años, por lo que se le concedió el Perdón Judicial.
La Paz (La Paz), Santa Cruz de la Sierra (Santa Cruz), Cochabamba (Cochabamba), Oruro (Oruro), Potosí (Potosí), Tarija (Tarija), Trinidad (Beni) y Cobija (Pando), más la ciudad de El Alto, se mantienen en números rojos.
Mediante una carta oficial, Añez señala que acatará lo que disponga la ALP y el TSE pero ratifica que deslinda cualquier responsabilidad en cuanto a las consecuencias sanitarias de realizar las elecciones en septiembre.
Oropeza reemplaza en el cargo a Fernando Vásquez, quien fue despedido tras emitir unas expresiones racistas en contra de los militantes del Movimiento al Socialismo (MAS).
“No hables de eso” y “no comentes eso”, son las “sugerencias” que Murillo da a Añez, cuando la primera mandataria era consultada sobre las futuras elecciones y las reperciusiones no se dejaron esperar.
El Ministerio de Gobierno (Arturo Murillo) como al Ministerio de Defensa (Fernando López) fueron denunciados por los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al estado.
El Ministerio de Justicia emplaza al TSJ a reactivar sus funciones para que se viabilice el control jurisdiccional y así permitir que el Ministerio Público siga las investigaciones en los supuestos casos de corrupción del gobierno de Evo Morales.
