El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra, advirtió este viernes con asumir acciones legales el lunes 15 de junio si el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no viabiliza la reanudación de las actividades judiciales que quedaron suspendidas por la emergencia sanitaria a causa del coronavirus. Explicó que el statu quo genera perjuicio en la población que demanda el acceso a la justicia.

Una comitiva de esta cartera de Estado viajó el miércoles a Sucre y estuvo integrada por el ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra; el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Huberth Vargas; y el viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Guido Melgar. El objetivo fue la reunión con la Sala Plena de magistrados del TSJ para tratar el tema.

“Como Ministerio de Justicia y como Gobierno nos sentimos profundamente preocupados, porque después de los 70 días que tuvimos de cuarentena en el país y, luego retomar muchas actividades desde el 1 de junio con la cuarentena dinámica y condicionada, vimos que aún no existe una línea clara en el Órgano Judicial para asumir sus funciones. Debemos entender que la justicia es un servicio indispensable para los ciudadanos bolivianos, el acceso a la justicia es un derecho”, sostuvo el Ministro de Justicia y Transparencia Institucional.

 La autoridad aseguró que la suspensión de actividades judiciales provocó problemas en casos de materia penal, donde no se está ejerciendo control jurisdiccional, situación que impide actos de investigación ante la falta de labores de jueces. Asimismo, aseveró que el perjuicio llega a casos de materia familiar, donde personas no pueden cobrar asistencia. Además, existen afectados que buscan acceder a los servicios de plataforma para certificaciones de Antecedentes Penales (REJAP) y del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia en razón de Género (SIPPASE).

“Hemos manifestado a esta Sala (Plena) la preocupación y le hemos pedido que más allá del índice de riesgo que pueda establecer un municipio, la justicia ya no puede adecuarse a esos índices de riesgo. Lo que tiene que hacer, así como lo están haciendo los médicos, la Policía, las FFAA, muchas personas que no pueden parar, es tomar todas las previsiones que necesitan para trabajar y abrir los tribunales a la ciudadanía”, aseguró.

“Si no se realiza de manera institucional una salida o una solución para que las personas puedan acceder a la justicia, como Ministerio de Justicia vamos a tomar las medidas que se necesiten y tengan la seguridad que, si hoy viernes los tribunales departamentales de justicia no sacan circulares que vayan acompañando la pandemia, el lunes vamos a tomar medidas legales para que los tribunales abran sus puertas”, advirtió el ministro Coimbra.

En la reunión con las autoridades judiciales, se informó de la presentación de 60 memoriales en el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para que se viabilice el control jurisdiccional y así permitir que el Ministerio Público siga las investigaciones en los supuestos casos de corrupción del gobierno de Evo Morales.

 El 9 de junio, el Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción entregó memoriales al Tribunal Supremo de Justicia para la reanudación de plazos procesales de los casos. El objetivo es recuperar alrededor de $us 750 millones. Entre los casos solicitados para la reactivación, se encuentran temas como el de Fondo Indígena, Neurona, Fraude electoral, audio de Evo Morales, caso Entel, Taladros chinos, entre otros.

“La anterior semana, hemos remitido 60 memoriales al Ministerio Púbico que estaba con todas las intenciones de iniciar las investigaciones sobre estos procesos; pero, nos hemos visto imposibilitados de hacerlo porque el Tribunal Departamental de Justicia, en este caso de La Paz, no inició labores. Luego, ellos sacaron un circular para decir que solamente atenderán casos con detenidos. Por esta razón, hemos ido a Sucre, nos hemos reunido con la Sala plena del Tribunal Supremo de Justicia para hacerles conocer esta situación y hemos exhortado a que haya uniformidad; primero, en sus circulares y, segundo, que se entienda que la justicia es un servicio indispensable, que no puede estar condicionado a la pandemia, sino a la necesidad de la gente”, declaró la autoridad gubernamental.