El Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa Ponce, anunció hoy que, dentro de las investigaciones del caso sobre presuntas irregularidades en la compra de gases lacrimógenos por parte del Ministerio de Defensa para el Ministerio de Gobierno, la Fiscalía convocará a las autoridades denunciadas y al personal del área administrativa para declarar sobre detalles del proceso de contratación.

“La Fiscalía Departamental de La Paz está llevando adelante el proceso de investigación del caso, ya se ha conformado una comisión de fiscales, además ya se emitieron los requerimientos fiscales para la obtención de información, tanto al Ministerio de Gobierno (Arturo Murillo) como al Ministerio de Defensa (Fernando López) y van a ser convocadas todas las personas que tengan relación en el proceso de compra de los equipos para uso policial”, dijo Lanchipa.

La autoridad señaló que vivimos en una emergencia sanitaria y esto hace que los efectos de la corrupción afecten más, porque se relajan los controles y se piensa que bajo ésta situación todo vale.

“El compromiso asumido como Fiscal General del Estado es con la sociedad a quien todos los servidores públicos nos debemos, es perseguir todo hecho de corrupción, venga de donde venga, porque nadie está por encima de la Ley y sobre todo no puede ser que, en este tiempo, el hambre de la sociedad se convierta en la gula de los corruptos”, enfatizó el Fiscal General.

Lanchipa, informó que ha instruido a nivel nacional que se cumpla con todas las acciones necesarias para luchar contra la corrupción. “Sepan aquellos que quieren aprovechar este momento de crisis sanitaria, que sus actos ilegales no quedarán en la impunidad, por el contrario nos encargaremos de que sean sancionados conforme establece nuestra normativa nacional. Asimismo, no dejaremos a un lado los casos de corrupción que están pendientes y que siguen vigentes y que debido a la pandemia se encuentran con la suspensión de plazos”.

Ambas autoridades de Gobierno fueron denunciados por los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de sus funciones, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al estado.

La denuncia fue presentada por los diputados Edgar Montaño, Sonia Brito, Ayda Luz, Juana Quispe, Remberto Calani,y  Franklin Flores.

Según el acta, la denuncia también fue puesta en contra de Sergio Zamora, director general de asuntos administrativos del Ministerio de Gobierno; y de Brayan Berkman, representante de la empresa BTS, intermediaria en la compra de los agentes químicos.