La Fiscalía Departamental La Paz, a través de un comunicado, informó que el miércoles presentó la acusación formal en el caso taladros, al Juzgado Segundo de Instrucción Anticorrupción, en contra de 21 personas, incluido el expresidente de la estatal, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), por los delitos de: Incumplimiento de Deberes, Uso Indebido de Influencias, Conducta Antieconómica, Contratos Lesivos al Estado, entre otros.

“El Fiscal Anticorrupción a cargo del caso, Germán Rea Salinas, explicó que el caso se inició el 20 de abril de 2017, al encontrarse irregularidades en el proceso de contratación de la empresa Drillmec por parte de servidores públicos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (Y.P.F.B), a través de distintos actos administrativos acciones y omisiones mediante las cuales, presuntamente, se vulneró la normativa”, dice el comunicado de la Fiscalía.

La acusación formal que se envió al juzgado es contra el expresidente de YPFB, Guillermo Acha y contra otras 20 personas. Según la Fiscalía, “durante la investigación se pudo evidenciar varios actos irregulares” en la contratación de la empresa italiana Drillmec para adquirir tres taladros de perforación; entre ellos “la ilegal aceptación de un poder sin valor jurídico, sin un documento de constitución de empresa y la ilegal aceptación de un registro tributario observado”.

El caso taladros

A mediados de marzo de 2017, la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos concluyó que hubo una adjudicación incorrecta de YPFB a la empresa italiana DRILLMEC, para la compra de tres taladros por 148,8 millones de dólares.

En diciembre de 2017, el Contralor General del Estado, Henry Ara, identificó a 20 sospechosos en el caso de la compra de taladros de la empresa Drillmec. Se trataría de un empleado de dicha empresa y de 19 funcionarios entre los que estaba el ex presidente de YPFB, Guillermo Achá.

Ara sostuvo que Achá está involucrado en este caso por desconocimiento de la norma interna, ya que habría autorizado el incremento del precio referencial, cuando esto era competencia del directorio de YPFB. El costo habría variado de $us 117,9 millones a $us 177,8 millones. Sin embargo, el Contralor afirmó que no hay ningún daño económico al estado porque no se erogó dinero para la compra.