El expresidente del Estado, Carlos Mesa, presentó hoy ante la Fiscalía General del Estado un segundo escrito en el caso Quiborax, en el que denuncia y presenta pruebas de que el arbitraje demandado por esa empresa en contra de Bolivia “fue producto de la falsificación de un acta de composición de propiedad” y no de un decreto emitido durante su Gobierno o el de Eduardo Rodríguez Veltzé.

En el escrito que Mesa presentó ante la Fiscalía, pone como antecedente  la decisión sobre Medidas Provisionales del Tribunal Arbitral que intervino en el caso denominado “Quiborax”, de fecha 26 de febrero de 2010.

Y señala que mediante dicha decisión “se deduce clara e inequívocamente que el Arbitraje en el caso Quiborax en contra del Estado de Bolivia es la consecuencia fraudulenta y maliciosa de un delito de falsificación y uso de documento falsificado, confesado en un proceso penal que concluyó con sentencia condenatoria ejecutoriada y con la declaración jurada del propio proceso arbitral, delito cometido por uno de los personeros y representante de la empresa que promovió este proceso arbitral”.

Es decir, explica, que “se forzó en el caso Quiborax ilegalmente un arbitraje en contra del Estado de Bolivia a través de la falsificación del Acta de Accionistas de Non Metallic Mineral de fecha 13 de septiembre de 2001 y de los poderes de representación de esta empresa para este Arbitraje”.

Mesa, en ese sentido, asegura que no estaban dadas las condiciones legales para la presentación de esta demanda arbitral en contra de Bolivia “y lo más sorprendente – afirma-  fue que el Tribunal Arbitral en lugar de rechazar esta demanda, pese a reconocer estos hechos delictivos en su “Decisión sobre Medidas Provisionales” los avala y consiente, parcializándose a favor de la demandante y en contra de Bolivia como demandado”.

En esa línea, el exmandatario señala que “queda absolutamente claro que la tramitación de este arbitraje ilegal, por no reunir las condiciones que exige todo arbitraje internacional para la presentación de la demanda y la habilitación de esta jurisdicción internacional, no es consecuencia de la emisión de mi decreto supremo de revocatoria de la concesión y expulsión de la empresa Non Metallic Mineral, sino del delito de falsificación y uso de instrumento falsificado, cuyos efectos nocivos para el Estado de Bolivia en este arbitraje constan en una sentencia penal con calidad de cosa juzgada”.

Por eso, Mesa reitera su pedido de que la Fiscalía rechace la Proposición Acusatoria presentada por el Procurador General del Estado en su contra y en contra de tres exministros de su Gabinete dentro del mencionado caso.

El procurador del Estado, Pablo Menacho, presentó una proposición acusatoria en contra del expresidente Carlos Mesa y a tres de sus ministros por supuestamente incumplir normas al revertir la concesión de Non Metalic, socia de Quiborax, a la que el Estado pagó 42,6 millones de bolivianos tras un proceso que ganó esa empresa chilena.