Mediante un memorial entregado a la Fiscalía General del Estado, el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, oficializó su pedido de que esa instancia rechace la proposición acusatoria que la Procuraduría General del Estado presentó en su contra por el caso Quiborax por la supuesta comisión de los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y la Ley, Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica.

En el memorial, Mesa solicita formalmente a la Fiscalía “el rechazo de la Proposición Acusatoria presentada por el Procurador General del Estado en contra de mi persona y de tres ex Ministros de mi Gabinete dentro del caso denominado “Quiborax” y el correspondiente archivo de obrados”, en el marco de la aplicación “de los artículos 14 y 16, parágrafo, 1 de la Ley “Para el juzgamiento de la Presidenta o Presidente y/o de la Vicepresidenta o Vicepresidente” del 8 de octubre de 2010”.

Asimismo, Mesa explica que en el mencionado caso, durante su Gobierno, promulgó  la Ley N° 2564 “que abrogó la Ley 1854 contraria a los intereses nacionales, que amplió la superficie de la reserva fiscal del Salar de Uyuni para evitar concesiones y/o autorizaciones fraudulentas o contrarias a los intereses del país, en favor de empresas depredadoras de este patrimonio natural y cultural”.

Esta decisión la asumió, explica, porque “la empresa extranjera Non Metallic Minerals S.A. con capitales chilenos que explotaba y depredaba recursos naturales del Salar de Uyuni, sobre la base de una concesión minera otorgada en contra de los intereses del Estado, y con una inversión y capital insignificante en comparación con las ventajas y beneficios económicos obtenidos por esta explotación y depredación, contrarias a los intereses del pueblo boliviano”.

“Durante mi gobierno, evidenciamos además, que ésta empresa no cumplía la normativa minera, ambiental, impositiva ni aduanera y que defraudaba económicamente al Estado en el volumen de ulexita efectivamente transportada fuera del país frente a la formalmente declarado en los respectivos reportes aduaneros”, añade.

Asimismo, Mesa señala que esa decisión fue compartida por los gobiernos de Edurado Rodríguez Veltzé y Evo Morales.

“El ex Presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, coincidiendo con la apreciación de los intereses estratégicos para Bolivia en este caso, mantuvo la extinción de la concesión de la empresa y su expulsión del territorio nacional tal como establece su DS 28527”, señala.

Y añade que “lo propio ocurrió con el gobierno del Presidente Juan Evo Morales Ayma, que en lugar de allanarse a la demanda arbitral de esta empresa en caso de considerar a Non Metallic Minerals S.A. como perjudicada injustamente por el Estado Boliviano y éste como responsable de ese perjuicio (…) rechazó y se opuso a la demanda arbitral con fundamento expreso en la legalidad de la Ley Nº 2564 y el Decreto Supremo N° 27589 promulgados en mi gestión de gobierno, ya que según las citadas autoridades del gobierno del Presidente Morales, ambos instrumentos legales le servían de base y sustento jurídico suficiente para defender la citada acción de preservación de los intereses nacionales”.

“Y no sólo esto, el Gobierno de Juan Evo Morales Ayma, a través de la autoridad competente de empresas, el año 2008 promovió una acción penal en contra de accionistas de la empresa Quiborax, demostrando con esto también, de manera inequívoca, que la empresa era la que dañaba y perjudicaba al Estado y éste la verdadera víctima en este conflicto”, agrega.

En ese sentido, el memorial presentado por Mesa señala que “si su autoridad decidiera que esta Proposición Acusatoria absurda y encubridora, tiene materia justiciable, tendría que requerir ante el Tribunal Supremo de Justicia el enjuiciamiento de los ex Presidentes Carlos de Mesa Gisbert, Eduardo Rodríguez Veltzé y el actual Presidente Juan Evo Morales Ayma, ya que con nuestras decisiones consentimos y avalamos la expulsión definitiva de la empresa Non Metallic Minerals S.A.-Quiborax del Salar de Uyuni para preservar los intereses de Bolivia frente a acciones expoliadoras de nuestros recursos naturales estratégicos”.

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