Caso Quiborax
César Sánchez
07/06/2018 - 11:09

Bolivia procede al pago de 42,6 millones de dólares a Quiborax

El Procurador General del Estado explicó que la pretensión de las empresas demandantes alcanzaba a 150,8 millones de dólares, sin embargo en el laudo se estableció que la compensación sea de 57,2 millones y el Estado definió con la empresa que la compensación total alcance los 42,6 millones de dólares.

El procurador general del estado, Pablo Menacho – en conferencia de prensa junto al ministro de Minería, César Navarro- informó la mañana de este jueves que Bolivia logró reducir la deuda que mantiene con las empresas Quiborax y Non Metallic Minerals (NMM) y suscribió un Contrato Transaccional para dar cumplimiento al pago respectivo.

Según la información proporcionada por el Procurador, mediante la suscripción del Contrato Transaccional, Bolivia logró reducir la deuda con las mencionadas empresas de 150,8 millones de dólares a solo $us 42,6 millones, lo que significó un ahorro de $us 108 millones.

Menacho explicó que la pretensión de las empresas demandantes alcanzaba a 150,8 millones de dólares, sin embargo en el laudo se estableció que la compensación sea de 57,2 millones de dólares; no obstante se definió con la empresa que la compensación total alcance los 42,6 millones de dólares.

Además, el acuerdo logrado por la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de Minería y Metalurgia, incluye la renuncia por parte de Quiborax y NMM al 20% del monto neto de la indemnización, el 50% de los intereses y la totalidad de las costas determinadas por la sentencia emitida por el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Esto representa, explicó el Procurador, un beneficio para el Estado con un ahorro de 14,5 millones de dólares del monto total establecido por el Laudo.

Asimismo, con esta acción se da estricto cumplimiento a las obligaciones internacionales asumidas por el Estado boliviano, bajo el Convenio CIADI y el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones suscrito entre Bolivia y Chile.

“Bolivia, al haber acatado de manera pronta, total y definitiva la decisión de un Tribunal internacional, confirma plenamente su tradición de ser un país que cumple y respeta sus compromisos internacionales y que espera lo mismo de otros países”, aseguró Menacho.

Antecedentes del caso

El litigio judicial se remonta a junio de 2004, cuando el entonces Gobierno de Carlos Mesa revirtió las concesiones mineras que Quiborax tenía en el salar de Uyuni para la explotación de ulexita.

Al no lograrse un acuerdo de indemnización, la empresa chilena demandó en 2006 al Estado boliviano reclamando 66 millones de dólares como compensación a sus inversiones y daños sufridos por la expropiación. En septiembre de 2015, CIADI falló a favor de Quiborax indicando que Bolivia violó el artículo III del Tratado Binacional de Inversiones (TBI) al obstaculizar la libre administración, mantenimiento, uso, usufructo, extensión, transferencia, venta y liquidación de las inversiones, estableciendo como indemnización la cifra mencionada.

Una semana después, Bolivia objetó alegando, entre otros aspectos, que Ciadi se extralimitó manifiestamente en sus facultades quebrantando gravemente una norma de procedimiento. Además, adujo que en el laudo no se expresó los motivos en los que se fundaba.

En todo el interín, se dieron varios intentos frustrados de conciliación entre partes, hasta que Ciadi se pronunció el pasado 18 de mayo alegando que todos sus fallos estaban dentro de sus facultades y que no se identificaron los “errores groseros” ni “quebrantamientos de normas” observados por Bolivia.

“Por las razones expuestas, el Comité decide desestimar en su totalidad la Solicitud de Anulación”, presentada por Bolivia contra Quiborax, remata el documento en su parte de las conclusiones.

Con ello, el organismo internacional también puso término a la suspensión de la ejecución del laudo, por lo que el Gobierno de Evo Morales debía pagar a Quiborax (representada por el estudio Bofill, Mir & Alvarez y Jana) los 48,6 millones de dólares, fijados en 2015, más intereses que comenzaron a correr desde julio de 2013 hasta la fecha en que se concrete el pago total, entre otras cosas.

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