El Juzgado Público Quinto en Materia Familiar admitió la acción popular que interpusieron dos comunidades indígenas de Santa Cruz y cautelarmente ordenó a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) suspender toda actividad administrativa o jurídica de la hidroeléctrica Rositas hasta que se lleve adelante la audiencia que defina el tema, informó Los Tiempos.

El Juez aceptó la acción popular en conformidad con lo previsto por los artículos 135 y 136 de la Constitución Política del Estado y los artículos 65 y siguientes de la Ley 254 de 5 de julio de 2012.

El pasado 29 de marzo, las comunidades guaraníes de Tatarenda Nuevo y Yumao interpusieron una acción popular en contra de la ejecución del proyecto ubicado a 16 kilómetros de la población de Abapó, en Santa Cruz.

El abogado de las comunidades, Nelson Lamadrid, informó que la audiencia se llevará a cabo mañana a las 8:30 y espera que las autoridades mantengan las medidas precautorias. Aseguró que funcionarios de ENDE ya programaron reuniones con las comunidades indígenas.

Rositas es un megaproyecto hidroeléctrico, con una inversión de mil millones de dólares, que, según la denuncia de los pobladores del lugar, inundaría unas 45.000 hectáreas de terrenos y dejaría bajo el agua a 12 comunidades indígenas campesinas de las provincias de Vallegrande y Cordillera en el departamento de Santa Cruz. Unas 500 familias de esas comunidades indígenas deberían dejar sus viviendas y salir de esa zona, pero han anunciado que no lo harán.