El expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió a la Audiencia Nacional de su país que excluya de la investigación del ‘caso Plus Ultra’ el informe de la UDEF sobre las gestiones de mediación que habría realizado ante el anterior Gobierno de Luis Arce en Bolivia para influir en un litigio empresarial.
Según el informe, Rodríguez Zapatero fue contratado por Soboce para que sea un intermediario ante el Gobierno del exmandatario boliviano Luis Arce, para direccionar un litigio empresarial que llevaba adelante contra Fancesa.
El escrito de Zapatero, al que ha tenido acceso EFE este lunes, es un recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tras la negativa del juez José Luis Calama a reconsiderar su decisión sobre la investigación de la UDEF.
El expresidente del Gobierno español, investigado por presunto tráfico de influencias en beneficio de la aerolínea Plus Ultra, argumenta que las sospechas sobre Bolivia (y el posible cobro de 200.000 euros por influir ante las autoridades de ese país en beneficio de un grupo empresarial) son fruto de información obtenida en los registros, pero que se encontraba fuera del perímetro de la causa.
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A su juicio, que una unidad policial haga un volcado masivo de la información intervenida y decida «analizarla de cualquier modo y sin perímetro alguno», supone una «prohibida ‘inquisitio generalis'».
«El investigado que ha sufrido las consecuencias de esa incautación masiva se enfrentará a una investigación general, allá hasta donde temporalmente alcancen los datos», afirma
Según el recurso, la UDEF, sin autorización judicial, hizo uso de la información de inteligencia financiera «omnicomprensiva» de la actividad personal y profesional de Zapatero y analizó de manera completa los movimientos en su cuenta del Banco Santander, detallando 174 transferencias de once pagadores, es decir, todos los movimientos producidos en un periodo de cinco años.
Y todo ello, afirma el recurso de Zapataro, a pesar de que la gran mayoría de esos movimientos no tiene que ver con la empresa Análisis Relevante o Julio Martínez, que era el objeto entonces de la investigación, sino que eran «ingresos por otras actividades respecto de las que no se reflejan indicios delictivos», entre ellos los importes recibidos de Focus Social relacionados con Bolivia.
«La inclusión de toda esa información parece que obedece a la finalidad de abrir futuras líneas de investigación sobre otras actividades del Sr. Rodríguez Zapatero hasta entonces no cuestionadas», sostiene el recurso, que concluye que «se ha producido una intromisión ilegítima en la intimidad que ha derivado en una investigación general sobre la vida del investigado».
Por ello, pide que se saque del procedimiento el informe de la UDEF sobre esas transferencias de Focus Social Research por proceder «de una investigación general» no autorizada judicialmente, y tratarse de «una indagación prospectiva en una de sus muchas actividades profesionales, respecto de la que no existía ex ante sospecha alguna».
Soboce admitió que contrato a Zapatero
En julio pasado, la gerente nacional legal de Soboce, Ximena Riveros, afirmó que el Grupo Gloria contrató al expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, para que sea un intermediario ante el Gobierno del exmandatario boliviano Luis Arce, pero con el fin de viabilizar reuniones para que el Estado pague a esa empresa su deuda por “expropiación” de sus acciones y no para influir en el litigio judicial con Fancesa.
Entrevistada por Radio Fides, Riveros señaló que “Zapatero fue contratado como un consultor internacional para que nos dé asesoramiento en comunicación y relaciones institucionales”, afirmó.
Aseveró que Soboce, y el Grupo Gloria, buscó que Zapatero “sea un canal de comunicación con el Estado, un intermediario para lograr cobrar esa expropiación”.
“La idea era que nos escuchen y acepten reunirse con nosotros”, aseveró.
En ese sentido, rechazó que se haya contratado a Zapatero “para influir en un proceso judicial”.
“Reconocemos la diferencia de los poderes del estado”, señaló y enfatizó que no se buscó “ninguna influencia en procesos judiciales”.
Finalmente, señaló que se pagó 200 mil euros al expresidente español y su trabajo sirvió como “un puente para lograr algunas reuniones” con las autoridades del anterior Gobierno.
El fallo del TSJ
El pasado 29 de junio, el Tribunal Supremo de Justicia declaró infundado el recurso de casación presentado por la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) en el proceso por competencia desleal y dejó firme la sentencia que ordena el pago de Bs 744 millones a Fancesa. Luis Edson Ayllón, gobernador de Chuquisaca, anunció que se iniciará acciones legales para ejecutar el cobro.
De esa forma se ratificó la decisión de la Sala Civil del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca que hace dos años determinó que la cementera paceña de propiedad del Grupo Gloria del Perú, pague la millonaria cantidad por una demanda iniciada por la factoría chuquisaqueña, dentro de un proceso por competencia desleal.
El nuevo fallo fue dictado el 26 de junio de 2026 en cumplimiento de la Resolución Constitucional 136/2025, emitida por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, integrada por los vocales José Rodolfo Sáenz Paz y René Delgado, que dejó sin efecto el anterior Auto Supremo 059/2025 y ordenó al máximo tribunal emitir una nueva resolución con mayor fundamentación sobre los agravios expuestos por Soboce.
En la nueva resolución, el TSJ concluye que ninguno de los agravios planteados por Soboce resultó evidente, por lo que mantiene firme la sentencia que dispone el pago de Bs 744.315.432 por los daños ocasionados a Fancesa como consecuencia de actos de competencia desleal.
Entre otros aspectos, sostiene que la excepción de prescripción fue presentada de manera extemporánea, que no existieron errores que justifiquen anular el proceso y que los cuestionamientos a la valoración de la prueba pericial carecen de sustento suficiente. Asimismo, considera legítima la participación de las instituciones copropietarias de Fancesa dentro del proceso.