La Sala Primera del Tribunal Agroambiental rechazó la medida cautelar de suspensión temporal del proyecto de perforación exploratoria Domo Oso-X3, ubicado en el área San Telmo Norte, y ratificó que se encuentra fuera de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
Según medios estatales, el fallo declaró infundados los recursos presentados por terceros dentro de la Acción Ambiental Precautoria promovida por la Defensoría del Pueblo en enero de 2026 contra el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, el Viceministerio de Medio Ambiente, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Petrobras Bolivia S.A.
El proceso judicial dispuso inicialmente la suspensión temporal de los actos de ejecución material del proyecto de perforación exploratoria del pozo Domo Oso-X3, en el área San Telmo Norte.
Uno de los fundamentos del reciente fallo fue ratificar que el proyecto se encuentra fuera de la Reserva de Tariquía, tal como había establecido anteriormente el juez agroambiental de Entre Ríos.
El Tribunal Agroambiental también dispuso medidas adicionales bajo los principios de prevención, precaución y no regresión ambiental. Entre ellas figura la aplicación de un plan de monitoreo ambiental reforzado y continuo que incluya el control de la calidad del agua de los ríos Chiquiacá y Soledad, la biodiversidad, el ruido y las emisiones.
El Ministerio de Hidrocarburos, la autoridad ambiental competente y la empresa operadora deberán coordinar las acciones de prevención de riesgos hidrológicos. Además, tendrán que presentar informes semestrales ante el Tribunal Agroambiental sobre el cumplimiento de las medidas.
La resolución establece también la coordinación interinstitucional para la gestión de riesgos hidrológicos y la presentación de informes semestrales ante el Tribunal Agroambiental sobre el cumplimiento de las medidas dispuestas.
El pronunciamiento judicial agota la vía ordinaria agroambiental y permite continuar con el proyecto Domo Oso-X3, que, de acuerdo con el comunicado, podría incorporar entre 2 y 4 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas natural a las reservas del país.
El proyecto acumula observaciones de comunarios y organizaciones ambientalistas, que cuestionaron los procedimientos de autorización, la consulta a las poblaciones del área de influencia y la situación legal de los terrenos destinados a la perforación.
Durante una audiencia realizada en febrero en Entre Ríos, representantes de los sectores opositores señalaron que el predio tendría hasta cuatro personas que reclaman derechos propietarios y que, según informes del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), no contaría con saneamiento.
También hubo diferencias sobre el alcance de la consulta. Mientras las instituciones estatales señalaron que fueron consultadas entre ocho y diez comunidades, los representantes de los comunarios sostuvieron que debían considerarse al menos 23.