Este viernes, el Gobierno, a través del viceministro de Transparencia, Yamil García, expresó su rechazo a que Evo Morales haya presentado una Acción de Libertad ante el Tribunal Departamental de Justicia del Beni para anular las órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía de Tarija en su contra, por el caso de trata y tráfico de personas con agravante.
En conferencia de prensa, García expresó su desacuerdo respecto a que se presenten recursos en departamentos ajenos a donde radica la causa y señaló que harían un “seguimiento” del proceso.
Coincidentemente, horas después la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia del Beni, a la cabeza de Charles Mejía, se declaró incompetente por razón de territorio para conocer la Acción de Libertad presentada por Nucky Ortega Montalván, en representación sin mandato del expresidente Evo Morales.
La acción fue planteada en medio del proceso que enfrenta Morales en Tarija y con la pretensión de cuestionar actuaciones judiciales vinculadas a la orden de aprehensión que pesa en su contra.
En su resolución, según dio a conocer DTV, la Sala del Beni determinó que no concurre ninguno de los criterios territoriales establecidos en el artículo 3 de la Ley 1104 que le permita asumir conocimiento del recurso.
Por ese motivo, dispuso la declinatoria de competencia y la remisión inmediata y directa de la Acción de Libertad, junto con todos sus antecedentes y pruebas, a la Sala Constitucional de turno del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, al considerar que es en esa jurisdicción donde se habrían producido los actos denunciados como lesivos.
El fallo también aclaró que Nucky Ortega Montalván podía presentar constitucionalmente la acción en representación de Morales sin contar con mandato. Sin embargo, precisó que esa representación no permite escoger la jurisdicción territorial donde será tramitado el recurso.
El pasado 11 de mayo, Morales no asistió a la apertura de su juicio oral por el denominado ‘caso trata’ y, en consecuencia, el Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de Tarija lo declaró rebelde y dispuso su arraigo.
Además, se emitió una nueva orden de aprehensión contra el líder cocalero, que se mantiene atrincherado en el Trópico de Cochabamba para evitar la ejecución de la medida.
En ese caso, cabe recordar, en julio pasado, la Fiscalía Departamental de Tarija ratificó la acusación y orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales y decidió rechazar la solicitud realizada por Cindy S. V., principal víctima del caso, que había solicitado levantar el proceso contra el dirigente cocalero.
Cindy S. V,, a través de un memorial enviado desde Argentina, había pedido levantar el proceso al señalar que no se consideraba víctima del caso; sin embargo, la Fiscalía considera que su postura contradice la versión que dio en el pasado y en el que admitió que quedó embarazada de Morales cuando aún era menor de edad.