La desactualizada normativa genera baja inversión en el sector hidrocarburos
La desactualizada normativa de hidrocarburos ha generado una incipiente inversión en exploración y explotación de Gas Natural, lo que redujo la oferta exportadora de este energético y como consecuencia de ello se existe capacidad ociosa en los ductos de exportación lo que repercute en la disminución de ingresos para las empresas que operan las actividades de producción y transporte por ductos en Bolivia, de las que YPFB es accionista mayoritario.
El transporte de hidrocarburos por ductos forma parte de la cadena hidrocarburífera y corresponde a una actividad regulada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en el marco de la Ley de Hidrocarburos No.3058 (LH) de 18 de mayo de 2005 y el Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos (RTHD), aprobado por Decreto Supremo No. 29018 de 31 de enero de 2007. En medio del proceso de implementación de las normas citadas, fué promulgado el Decreto de Nacionalización No.28701 de 1 de mayo de 2006, a partir del cual YPFB tomó la mayoría accionaria en todas las empresas de transporte de hidrocarburos (con excepción de Gas Oriente Boliviano – GOB).
Las inversiones realizadas en la actividad de transporte, bajo la figura de concesiones, otorgadas a empresas privadas por 40 años, fueron relevantes para viabilizar la exportación al Brasil resultante del Contrato de compra-venta de gas GSA (Gas Supply Agreement) firmado el 16 de agosto de 1996, mismo que garantizó un flujo de ingresos continuo al país durante veinte años (1999-2019). La operativización de dicho contrato implicaba el desarrollo de las actividades de exploración y explotación a fin de cumplir la demanda de gas natural comprometida, así como la inversión en ductos para garantizar la capacidad de transporte, con base en contratos de transporte en firme (capacidad reservada por el Cargador).
Posteriormente, la Constitución Política del Estado (CPE) de 7 de febrero 2009 cambió la figura de concesiones a la de contratos de servicio; sin embargo, a más de 12 años de aprobada la CPE, no se adecuó la Ley de Hidrocarburos, la normativa reglamentaria, ni las concesiones otorgadas por la ANH, modificaciones necesarias para dar cumplimiento y coherencia a la CPE. Tampoco se ha cumplido el RTHD en lo referente a revisiones tarifarias cuatrienales que debían permitir ajustar la tarifa de transporte, a objeto de que los concesionarios (de los cuales YPFB es accionista mayoritario) perciban los ingresos necesarios para cubrir sus costos.
La desactualizada normativa de hidrocarburos tiene como efecto una incipiente inversión en las actividades de exploración y explotación de gas natural, lo que reduce la oferta exportable de Bolivia e imposibilita atender nuevas demandas de exportación. Otro efecto adicional ligado al anterior es la actual capacidad ociosa en los ductos de exportación que a la fecha es de aproximadamente 45%. Menores exportaciones implican menores ingresos para las empresas productoras y para las empresas concesionarias de transporte de hidrocarburos por ductos de las que YPFB es accionista mayoritario. Estos escenarios le restan competitividad al precio de exportación del gas boliviano respecto al LNG que actualmente es demandado por nuestros tradicionales compradores.
Finalmente, con la reciente promulgación del Decreto Supremo No. 4515 de 26 de mayo de 2021 se establece la vigencia del Beneficio para la Inversión en Transporte de Gas (BITG) destinado a realizar inversiones en el sistema de transporte interno. Si bien el BITG es un incentivo directo a la actividad de transporte, dicho componente de la tarifa de transporte de gas para el mercado de exportación, será cubierto por las empresas productoras de gas natural lo que disminuirá sus utilidades, de las que tambien participa YPFB. Con esta nueva normativa se están generando subsidios cruzados entre las actividades que componen la cadena hidrocarburífera.