La Paz, 12 de mayo (Oxígeno).- El fiscal de distrito del Beni, Alejandro Ilich, informó este martes que el Ministerio Público cuenta con documentos y computadoras para verificar si las siete personas detenidas por los disturbios del viernes en Trinidad son funcionarios públicos y determinar si se amplía el proceso con la figura de “incumplimiento de deberes”.

El viernes anterior, militantes de la agrupación beniana Nacer protestaron en inmediaciones del Tribunal Electoral del Beni contra los resultados que dieron la victoria al gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) por primera vez en su historia. Entre los manifestantes se encontraban quienes dicen ser ahora funcionarios públicos.

En audiencia de medidas cautelares, los siete detenidos argumentaron el sábado que eran funcionarios públicos, lo que motivó el lunes a que el Ministerio Público tomara acciones en la Gobernación del Beni y la Alcaldía de Trinidad.

“Los imputados presentaron certificaciones donde verificaban que eran de la Alcaldía y la Gobernación y precisamente para verificar esa información y tener datos por los que se encontraban en inmediaciones del Tribunal Electoral Electoral fue que se allanaron las oficinas”, comentó.

Las oficinas de personal tanto de la Gobernación como de la Alcaldía fueros los escenarios de allanamiento. Asimismo, indicó que el caso de investigación también busca la recolección de datos para saber si los detenidos están involucrados en actos de corrupción.

Alejandro Ilich comentó al periódico digital Oxígeno.bo que como resultado de los allanamientos se logró secuestrar las computadoras de registro de ingreso y salida de funcionarios, los registradores biométricos y archivadores de contratos. Explicó que estos elementos permitirán obtener más datos.

Por el momento, los detenidos son acusados por instigación pública a delinquir y obstaculización al ejerció de la función pública, pero el fiscal aseguró que si se comprueba que son funcionarios y no recibieron órdenes para estar en las protestas el proceso se ampliará a la figura de incumplimiento de deberes. Dijo que el proceso también tomará en cuesta si es que el actual gobernador del Beni, Carmelo Lens resulta vinculado.

“Lo que queremos determinar es que si hay algún instructivo o estos funcionarios estaban en horas de trabajo sin autorización de sus superiores”, sostuvo. En caso de que se compruebe la segunda opción los hechos darían elementos suficientes para que los acusados sean acusados por “incumplimiento de deberes”, informó el fiscal.

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