Santiago, 11 de mayo (EMOL).- Francia era el último destino de un cargamento de 822 kilos de cocaína de alta pureza, que fue interceptado por los efectivos de Aduanas, en conjunto con la Fiscalía de Arica y la Policía de Investigaciones (PDI).

De acuerdo a los primeros antecedentes, la sustancia ilícita era transportada interior de piezas de madera, en un camión de alto tonelaje, conducido por el ciudadano boliviano, Carlos César Lara Paca. El caso ocurrió el jueves pasado, cuando la droga era trasladada desde Santa Cruz hasta uno de los puertos que Bolivia utiliza para exportar sus productos en el norte del país.

Pero al pasar por el complejo fronterizo de Chungará, los funcionarios de Aduanas pidieron al conductor que se detuviera para pasar la máquina por el scanner, en que se estableció que las densidades de las maderas  no correspondían a lo normal.

Posteriormente se utilizó un perro adiestrado antidrogas, que dio alerta positiva ante la presencia de droga, para posteriormente pasar a la revisión manual de las tablas detectando paquetes que arrojaron un peso de 822 kilos 470 gramos del alcaloide, el que es la segunda mayor incautación desde se que inició la Reforma Procesal Penal.

Cada tabla llevaba cinco espacios ocultos en su interior, los cuales estaban rellenos con paquetes de hasta 150 gramos de droga, los que además estaban forrados en aluminio y plástico e impregnados con una resina transparente para encubrir el olor del alcaloide.

"De acuerdo a la documentación incautada esta droga iba con destino a Europa y en este sentido la Fiscalía junto a la PDI está realizando gestiones e indagaciones en orden a poder establecer la responsabilidad de otras personas, que incluye a la empresa exportadora y de transportes que deja este cargamento en el puerto de Arica.

Dichas diligencias están orientadas a requerimientos de asistencia internacional hacia Bolivia", expresó la fiscal regional Javiera López.

El extranjero fue formalizado por el persector Patricio Espinoza en calidad de autor del delito de tráfico ilícito de estupefacientes, decretándose su privación de libertad y fijándose un plazo de investigación de 90 días.