La Paz, 20 de abril (Oxígeno).- El Fiscal General del Estado, Ramiro José Guerrero Peñaranda, suscribió hoy un acuerdo interinstitucional de lucha contra el avasallamiento y tráfico de tierras urbanas y rurales en el departamento de Santa Cruz.

Según el informe de la oficina de prensa de la Fiscalía, “ante la comisión de un delito, el Ministerio Público tiene la facultad de investigar, realizar la persecución penal y dar con los autores de los hechos delictivos. Es parte de un trabajo interinstitucional la constitución de una mesa de trabajo de coordinación de articulación de propuesta de definición en el departamento de Santa Cruz”, explicó durante la firma.

En términos operativos, agregó Guerrero, cada institución tendrá que ver de acuerdo a las atribuciones y competencias que tiene cuál es el trabajo que debe desarrollar, cómo se coordina y se intercambia esa información para luchar contra este avasallamiento y tráfico de tierras.

El documento fue firmado además por autoridades del Tribunal Departamental de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental, los ministerios de Gobierno; Justicia, Transparencia y el de Desarrollo Rural y Tierras.

Entre los objetivos generales del convenio se destaca el coordinar el desarrollo de acciones conjuntas destinadas a combatir de manera eficaz y eficiente la práctica del avasallamiento y tráfico de tierras, promoviendo el respeto de los derechos a la propiedad, el debido proceso y el principio de seguridad jurídica con relación a la tenencia y posesión legal de predios urbanos o agrarios.

De manera específica se trabajará en agilizar la resolución de conflictos en predios agrarios o urbanos en el marco del respeto al debido proceso y la transparencia, a través de la consolidación de una mesa de análisis e interpretación jurídica destinada a generar acciones conducentes a la búsqueda de soluciones efectivas en el marco del Estado de Derecho.

De acuerdo con el documento, cada institución participante se compromete a participar en reuniones periódicas, quincenales o mensuales, de coordinación y análisis que conduzcan a la resolución  ágil y oportuna de conflictos y/o procesos referidos al avasallamiento y tráfico de tierras, sea esta en el ámbito agrario o urbano.

En ese contexto, el Ministerio Público fortalecerá su capacidad investigativa, para agilizar los procesos penales derivados o generados por avasallamiento y tráfico de tierra, sean estas urbanas o agrarias.