Sucre, 10 de marzo (Oxígeno).- La abogada Cristina Mamani, presidenta del Consejo de la Magistratura de Bolivia, fue destituida de su cargo y en su lugar fue elegido el economista Freddy Sanabria Taboada, en una sesión realizada la tarde de este martes en la ciudad de Sucre.

El Consejo de la Magistratura está conformado por cinco magistrados, tres de ellos varones y dos mujeres. Los tres hombres eligieron a Sanabria, en una sesión en la que Mamani dijo que, por ley, le corresponde ejercer la presidencia del Consejo por seis años y denunció que sufre acoso político en su condición de mujer.

"Plantearon la remoción de mi cargo y yo simplemente quiero pedir el respeto a la Constitución Política del Estado, a la Ley 025 que estable que el periodo de funciones de presidenta o presidente del Consejo de la Magistratura cesará en sus funciones al cumplimiento del mandato de seis años", dijo en una conferencia de prensa este lunes.

La hoja de méritos que Sanabria presentó con motivo de las primeras elecciones de magistrados muestra que el flamante presidente del Consejo de la Magistratura fue funcionario del Ministerio de Salud, despachó en el que cumplió diferentes responsabilidades, entre ellas la de Director del Programa del Bono Juana Azurduy de Padilla, que se paga desde la gestión del presidente Evo Morales.

Sanabria fue electo como magistrado del Consejo con los votos de los departamentos de Chuquisaca y Potosí.

De acuerdo con los registros del Tribunal Supremo Electoral, Cristina Mamani, quien asumió la Presidencia del Consejo, en enero de 2012, fue elegida magistrada con 461.415 votos, mientras que Sanabria logró poco más de 153 mil sufragios.

Mamani concluye su mandato en enero de 2017, según la normativa. "A mis colegas varones no les gusta que una mujer indígena sea la cabeza del Consejo de la Magistratura, pareciera que hubiera un complot desde del Tribunal Supremo de Justicia", remarcó.

De acuerdo a la Constitución Política del Estado,  el Consejo de la Magistratura es la instancia responsable del régimen disciplinario de la jurisdicción ordinaria, agroambiental y de las jurisdicciones especializadas; del control y fiscalización de su manejo administrativo y financiero; y de la formulación de políticas de su gestión