La mañana de este martes, la Fiscalía intervino las oficinas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en La Paz tras denuncias de presuntos hechos de corrupción y desvío de combustibles.

La directora de la ANH, Margot Ayala, ya había denunciado días atrás la existencia de una “mafia organizada” que opera desde la propia entidad pública. Además, apuntó contra funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sustancias Controladas y la Aduana Nacional.

En ese sentido, Ayala aseguró este martes que se apoyará las investigaciones de la Fiscalía tanto en la ANH como en YPFB y adelantó que su administración ya encontró irregularidades tras un trabajo interno.

“Se han vendido autorizaciones y licencias de funcionamiento para estaciones. El tema de las tarjetas se ha desvirtuado, las tarjetas de consumo estaban dirigidas al sector productivo y hoy en día está en manos de todos”, aseveró.

Además, denunció que en el pasado hubo fiscales que hicieron “caer los casos” identificados en la ANH.

Las investigaciones de la Fiscalía por el desvío de diésel iniciaron después de que el pasado 13 de noviembre Ayala realizara un operativo sorpresa y observó como un camión cisterna salió de la Planta Senkata, en El Alto, sin cumplir con el procedimiento técnico. Además, el vehículo se detuvo en la carretera para, presuntamente, desviar combustible hacia una tercera persona.

Operativos en plantas y oficinas de YPFB en cuatro departamentos

Por otro lado, en las últimas horas, la fiscal superior de Anticorrupción, Mirtha Mejía Salazar, informó que como Ministerio Público en coordinación con la Policía se ejecutaron operativos e investigaciones en distintas regionales de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) de los departamentos de La Paz, Cochabamba,  Santa Cruz y Oruro ante la detección de presuntas irregularidades en procesos internos, manejo de combustible y contrataciones públicas.

En el departamento de La Paz, la Fiscalía Especializada en Anticorrupción llevó adelante un registro en la planta de YPFB en Senkata, donde se evidenció indicios de un manejo irregular de carburantes, específicamente el despacho de 14 cisternas con diésel que no correspondía a los parámetros técnicos establecidos. En este caso, ocho funcionarios fueron aprehendidos y se amplió la intervención a YPFB Logística y YPFB Comercial para la colecta de documentación y verificación de procedimientos.

En Cochabamba, la Fiscalía Departamental ejecutó un registro en oficinas de YPFB, YPFB Redes y YPFB Comercial dentro de la investigación del caso “Servicio de Catering”, donde se presume la comisión de delitos de corrupción vinculados a un proceso de contratación de servicios de alimentación del año 2021. La denuncia señala que un servidor público habría recibido depósitos provenientes de la empresa adjudicada y de terceros, además de presentar un incremento patrimonial injustificado. Durante el operativo se secuestró documentación relevante y se notificó a testigos, además de solicitarse reserva de actuaciones por diez días para desarrollar actos investigativos urgentes.

Asimismo, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz informó que continúa desarrollando actuaciones dentro del proceso registrado por el Ilícito de Incumplimiento de Contratos, relacionado con presuntas irregularidades en áreas operativas y administrativas de YPFB – Santa Cruz. Se realizó el registro del lugar que permitió obtener información consistente el documentación específica, el secuestro de artefactos digitales, además se tiene a seis personas en calidad de arrestadas con fines investigativos.

La Fiscalía Especializada en Anticorrupción del Departamento de Oruro, también allanó las oficinas regionales de YPFB ante denuncias de presuntas irregularidades en el proyecto de ampliación de almacenaje de combustibles, ejecutado por una empresa venezolana, donde se identificó que la primera fase tenía un costo estimado de 144.244.000 bolivianos, pero la cancelación registrada superaría los 305.168.695 bolivianos, duplicando el monto inicial. Durante el operativo se secuestró documentación y se precintó la oficina de Asesoría Legal para profundizar la investigación. El Ministerio Público informó que el caso se encuentra en etapa inicial y continuará realizando actos investigativos para esclarecer un posible daño económico al Estado.

Según el Ministerio Público, estos casos reflejan indicios de delitos como Incumplimiento de Deberes, Conducta Antieconómica, Sabotaje, Negociaciones Incompatibles, Uso Indebido de Influencias y Cohecho, por lo que las comisiones de fiscales continúan con actuaciones destinadas a establecer responsabilidades penales y proteger los intereses del Estado.

“Las investigaciones se encuentran en etapa preparatoria y se prevé ampliar las diligencias en las siguientes horas”, añadió la Fiscalía en su reporte.