En audiencia desarrollada este martes, la justicia dictaminó dejar en libertad bajo fianza al cantante del grupo ‘Sangre Cumbiera’, Percy Ríos; además, dictó la detención preventiva para la directora de la Unidad Educativa Juan Misael Saracho que organizó el ‘Saracho Fest’ el pasado domingo, evento en el que una estudiante falleció producto de una avalancha humana.

Para ambos casos, deberán presentarse cada 15 días ante el Ministerio Público, como también ante el juzgado cautelar, deben pagar una fianza de Bs 5.000 cada uno y se encuentran arraigados a nivel nacional, informó el fiscal Alex Vargas tras la audiencia.

“Ella (la directora) debe cumplir la detención domiciliaria, pero siempre y cuando se respete lo que sería la cuestión laboral”, informó el fiscal de materia, Alex Vargas, en declaraciones a Bolivia Tv.

La directora y el cantante del grupo ‘Sangre Cumbiera’ fueron denunciados por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

Según las investigaciones preliminares, el hecho ocurrió la noche del domingo 21 de septiembre cuando se realizaba un concierto en el patio de la unidad educativa sin el aval de la Dirección Distrital de Educación y sobrepasando la capacidad del lugar.

Se evidenció que los organizadores priorizaron intereses económicos mediante la venta masiva de entradas, descuidando completamente la seguridad de los asistentes.

“El hecho se agravó cuando un integrante del grupo musical contratado se lanzó al público, provocando un efecto dominó que derivó en la caída y posterior aplastamiento de varias personas”, explicó el fiscal Departamental de Oruro, Aldo Morales.

La autopsia médico legal practicada por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) a la adolescente de 16 años determinó como causa de muerte asfixia por compresión torácica externa secundaria, producto del aplastamiento sufrido por la avalancha humana.

Además de ella, otra adolescente está internada en terapia intensiva.

Se emitieron citaciones para padres de familia que participaron en la organización del evento y para un funcionario municipal que habría autorizado irregularmente la actividad, pese a no contar con competencia legal.

Vargas informó que hubo “un uso indebido de bienes del Estado por parte de algunos miembros del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro”.

“Vamos a convocar a varias personas, y si el caso amerita, obviamente eso va a dar paso a una imputación formal y al desarrollo del juicio”, advirtió.