Reos de las cárceles de San Pedro y Palmasola protestan por “favoritismo político” del TSJ a Añez, Camacho y Pumari
El pasado viernes, a través de un instructivo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, ordenó a los Tribunales Departamentales verificar el cumplimiento de los plazos de la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Añez; del gobernador electoral de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; y del exlíder cívico potosino, Marco Pumari.

Reclusos de las cárceles de San Pedro (La Paz) y Palmasola (Santa Cruz) reclamaron este lunes por lo que consideran un “favoritismo político” del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con Jeanine Añez, Fernando Camacho y Marco Pumari.
El pasado viernes, a través de un instructivo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, ordenó a los Tribunales Departamentales verificar el cumplimiento de los plazos de la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Añez; del gobernador electoral de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; y del exlíder cívico potosino, Marco Pumari.
En consecuencia, este lunes se lleva adelante un audiencia por el ‘caso Senkata’ en el que se analiza la posibilidad de que Añez sea procesada a través de un juicio de responsabilidades.
Además, esta tarde se desarrollará una audiencia de Camacho y Pumari por el caso ‘Golpe I’ y se presume ambos ex lideres cívicos podrían recuperar su libertad.
En ese sentido, la protesta inició en el penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz, donde reclusos salieron a las puertas del recinto con pancartas y ahora protagonizan un mitin de protesta.
“Todos somos iguales ante la ley”, “exigimos justicia para todos”, “no al favoritismo político”, son algunos de los estribillos de los privados de libertad del Penal de San Pedro, donde esta madrugada llegó el excívico Marco Antonio Pumari.
“Nosotros también tenemos los mismos derechos. A partir de este momento, San Pedro se declara en emergencia”, manifestó uno de los reclusos en entrevista con Bolivia Tv.
Los privados de libertad cuestionan que el instructivo solo beneficie a esos tres casos, cuando -según dijeron- existen cientos de personas en detención preventiva por largos periodos sin revisión judicial.
“Que se extienda a todos. También tenemos el derecho de que se revise nuestra situación jurídica. No puede haber justicia solo para algunos”, expresó otro recluso.
A la protesta se sumaron pronunciamientos de los reclusos de las cárceles de Palmasola (Santa Cruz) y Villa Busch (Pando), quienes mediante comunicados demandaron un trato igualitario conforme a la Constitución Política del Estado.
“No pedimos privilegios. Pedimos que se respete el principio de igualdad ante la ley. La justicia no puede ser selectiva”, declaró un delegado desde Palmasola.
Ya el fin de semana, los delegados de los privados de libertad de las cárceles de Palmasola en Santa Cruz y de Villa Busch en Pando emitieron un comunicado en el que hicieron conocer la demanda de un trato judicial igual a los privados de libertad, como establece la Constitución Política del Estado.
“Nos declaramos hoy día, a partir del domingo 24 de agosto del 2025, en estado de emergencia pacífica nacional (...) porque creemos que somos iguales ante la ley. Si bien somos privados de libertad, también tenemos derecho e igualdad”, señalaron.
Asimismo, pidieron que el instructivo para revisar la detención preventiva “también se curse para todos y sea extensiva para todos los privados de libertad en Bolivia.
“Que también puedan tener la posibilidad de salir libres aquellos que estamos detenidos preventivamente en toda Bolivia y que no ha habido ese favoritismo como lo ha habido con los tres compañeros privados de libertad que mañana será su revisión extraordinaria para poder salir en libertad”, añade el texto.
En ese sentido, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, recordó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que más de 19 mil detenidos preventivamente esperan que sus casos sean revisados.
A través de su cuenta en la red social ‘X’, Callisaya recordó que el 58.2% de 33.275 privados de libertad en las cárceles de Bolivia (19.366) cumplen detención preventiva, “quienes también están a la espera de que sus procesos sean revisados en los plazos legales de tramitación”.
“Garantizar el debido proceso, la celeridad y la igualdad ante la ley no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético con los derechos fundamentales de todas las personas”, acotó el Defensor del Pueblo.