El Tribunal Agroambiental fijó la audiencia por la “acción ambiental directa de medidas cautelares, preventivas y precautorias sobre los incendios forestales” para el próximo 29 de agosto y dispuso citar a varias autoridades, entre ellas el presidente del Estado, Luis Arce.

La audiencia se celebrará de manera presencial a las 9:00 en el Salón de Actos del Tribunal Agroambiental en la ciudad de Sucre, reveló su presidente Richard Christian Méndez. Pero también se permitirá la participación en modalidad virtual, previa solicitud debidamente justificada.

El Tribunal dispuso la notificación a una larga lista de autoridades públicas y representantes de la sociedad civil “para que comparezcan a la audiencia pública señalada”. En la lista destaca el nombre del presidente Luis Arce, de 10 ministros del Estado, cuatro viceministros, además varias otras autoridades nacionales, departamentales, municipales e incluso comandantes de la Policía y de las Fuerzas Armadas.

Esta demanda de “acción ambiental directa de medidas cautelares” fue interpuesta por María de Los Ángeles Mamani Rocha y otros con el objetivo de prevenir daños ambientales y proteger los derechos de la Madre Tierra y de la población boliviana.

El Tribunal admitió la demanda el 5 de junio y dispuso medidas cautelares iniciales (como la prohibición total e inmediata de chaqueos, cualquier tipo de quema a cielo abierto y toda actividad de desmonte en todas las áreas con cobertura forestal del país), además fijó la audiencia pública para el 4 de agosto.

No obstante, el 30 de julio, el Tribunal dejó sin efecto esas medidas cautelares iniciales y suspendió la audiencia programada por falta de los informes requeridos a diversas autoridades públicas.

Autoridades del Órgano Ejecutivo, Legislativo, gobiernos subnacionales y otras instancias debían presentar un informe escrito en un plazo de 15 días sobre las acciones implementadas y a implementarse para la prevención de incendios forestales para este año, pero no lo hicieron en el plazo.

Entonces, el Tribunal, al no tener informe alguno de las entidades convocadas, determinó la existencia de un “obstáculo procesal y material insalvable para la prosecución de la causa”.

No obstante, el Tribunal Agroambiental informó que ahora ese “obstáculo procesal ha sido sustancialmente superado, toda vez que se ha recibido en Secretaría de Sala Plena una cantidad suficiente de informes de las autoridades públicas citadas”.

// Con información de El Deber