Los privados de libertad se declararon en emergencia exigiendo al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) extender a todos los detenidos con detención preventiva el beneficio otorgado a Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari de revisión de sus plazos legales de detención, porque lo contrario, aseguran, representará un trato desigual por parte de la Justicia.

En un pronunciamiento público, delegados de los privados de libertad de las cárceles de Palmasola en Santa Cruz y de Villa Busch en Pando, hicieron conocer la demanda de un trato judicial igual a los privados de libertad, como establece la Constitución Política del Estado.

“Nos declaramos hoy día, a partir del domingo 24 de agosto del 2025, en estado de emergencia pacífica nacional (...) porque creemos que somos iguales ante la ley. Si bien somos privados de libertad, también tenemos derecho e igualdad”, informó un privado de libertad.

El pasado viernes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyó a los jueces verificar, en un plazo máximo de 24 horas desde su notificación, el cumplimiento de plazos legales en las medidas cautelares de detención preventiva impuestas contra Añez, Camacho y Pumari.

“Todas las autoridades jurisdiccionales, en todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado boliviano, de manera inmediata y dentro de las facultades constitucionales, convencionales y legales que les invisten, en el plazo de 24 horas computables desde su notificación con la presente disposición, procedan a la verificación del cumplimiento de plazos de la medida cautelar personal de detención preventiva en todos los procesos que tuvieran”, refiere el instructivo.

Añez fue detenida por el caso denominado “Golpe de Estado I”, pero recibió una sentencia de 10 años de cárcel por el caso “Golpe de Estado II”, siendo después apartada del primer proceso. También afronta procesos por las ‘masacres’ de Sacaba y Senkata ocurridas el 2019 y poco tiempo atrás la justicia definió que sea procesada a través de un juicio de responsabilidades por el llamado ‘caso EBA’.

En cuanto a Camacho y Pumari, ambos fueron encarcelados preventivamente por el caso “Golpe I”, aunque su juicio está paralizado mientras el Tribunal Constitucional define si el delito de terrorismo se adecúa a la Carta Magna.

El gobernador cruceño, además, también afronta otros procesos penales como el denominado ‘caso Decretazo’.

Camacho y Pumari fueron citados para este lunes a una audiencia de revisión de las órdenes de detención preventiva.

“Que también se curse para todos y sea extensiva para todos los privados de libertad en Bolivia (la revisión de detención preventiva). Que también puedan tener la posibilidad de salir libres aquellos que estamos detenidos preventivamente en toda Bolivia y que no ha habido ese favoritismo como lo ha habido con los tres compañeros privados de libertad que mañana será su revisión extraordinaria para poder salir en libertad”, agrega el pronunciamiento de los privados de libertad.