La Paz, (El Día y ANF).- El exfiscal Marcelo Soza Álvarez, actualmente con refugio temporal en Brasil, relató ante el Consejo Nacional del Refugiado (CONARE) de ese país, que tanto el gobernador Rubén Costas Aguilera, como el entorno del alcalde de Santa Cruz, Percy Fernández, figuran en los antecedentes del cuaderno procesal del caso Rózsa, pero "nunca fueron convocados por decisiones políticas que tomaba el Gobierno".

"La más importante de ellas fue sin duda la del gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas Aguilera. De acuerdo a los correos electrónicos que fueron obtenidos, la Gobernación era uno de los pilares principales que sustentaba al grupo irregular", sostuvo en su declaración que tuvo acceso la ANF.

Manifestó haber establecido que Eduardo Rózsa informaba a Stephan Hannock que se habría reunido con Rubén Costas, el que había delegado a su hermano Humberto para que coordine todos los detalles operativos para facilitar las tareas del grupo irregular. "Esta es una comprobación directa, además de fotografías, planes de defensa de la Gobernación y otros. Todas estas pruebas, las entrego al CONARE para su evaluación", explicó.

Sostuvo que en base a estas pruebas requirió en varias oportunidades la presencia del gobernador de Santa Cruz para que preste su declaración informativa y citó, a manera de ejemplo, el requerimiento del 4 de mayo de 2009; asimismo libró mandamiento de aprehensión en contra del asambleísta Wilson Díaz de Oropeza, "el que nunca fue ejecutado en un claro acto de protección al gobernador por las más altas autoridades de gobierno. Como fiscal tenía la atribución legal para convocarlo, pero nunca me dejaron ejercer libremente mi trabajo, creando fricción entre mi persona y el Gobierno", aseguró el exfiscal Soza.

En relación a las vinculaciones de algunos funcionarios de la Alcaldía de Santa Cruz, informó al CONARE-Brasil, que ordenó la detención de "Víctor Hugo Viestro, cuyo hermano el General Viestro trabaja hasta el día de hoy la protección del Alcalde Percy Fernández, así también contra Juan Líder Paz Castro, Juan Pablo Paz Soria, Javier Maldonado Roca, hijo de un empresario cruceño, Ronny Hurtado Vaca hermano de Luis Hurtado Vaca porque ambos pagaron los hoteles de Rozsa, tengo las facturas", manifestó.

Añadió que Ronny Hurtado trabaja con Rubén Costas en la Gobernación." Tampoco se ejecutó el mandamiento por el que ordené la detención de Jaime Virreira Suárez, el que se encontraba a cargo de la revisión de armas, pese a que los mandamientos fueron entregados al Ministerio de Gobierno".

Dijo que otro pilar fundamental que fue investigado, pero no exhaustivamente, era el denominado grupo la "Torre", en un hecho contradictorio porque si la existencia del grupo era la hipótesis de la acusación, el centro desde el que se operó el grupo terrorista, nunca se permitió realizar una investigación a fondo.

Sostuvo que en el edificio, ubicado en la zona Equipetrol de la ciudad de Santa Cruz, funcionaba bajo la gerencia de Pablo Humberto Costas Aguilera, el equipo de campaña autonómica de Santa Cruz y "también era la estructura que coordinaba con el grupo irregular". Indicó que tanto Humberto como Hugo Achá huyeron antes de los operativos realizados el 16 de abril de 2009.

Denunció que tampoco le fue permitido investigar las relaciones de instituciones como la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO), la Cooperativa Rural Eléctrica de Santa Cruz (CRE) y la Cooperativa de Agua Potable y Alcantarillado (SAGUAPAC), "sobre cuyos directivos existen indicios vehementes de tener vínculos con el grupo irregular, y que sin embargo tampoco fueron convocados", a diferencia de COTAS cuyos directivos fueron acusados formalmente y muchas de sus funcionarios se encuentran detenidos".

Aseguró que "todo este manejo obscuro era decidido por los coordinadores de la investigación que se encontraron a cargo de la investigación. Estos son Raúl García Linera (hermano del vicepresidente Álvaro García Linera) y Luis Clavijo", precisó la exautoridad que investigó durante un poco más de tres años el caso Terrorismo, que derivó en una masiva imputación de 39 personas.

Soza actualmente vive en Brasil a la espera de su calificación de refugiado político, en su condición de perseguido por el gobierno porque, según dijo, lo quiere en la cárcel para justificar el fracaso judicial del caso Rózsa.

///