La Paz, 18 de mayo (Oxígeno).-  El Ministerio de Gobierno hizo conocer este domingo que el exfiscal Marcelo Soza Álvarez busca engañar a la Comisión Nacional Del Refugiado (CONARE) a fin de conseguir su status de refugiado en Brasil, país que lo acogió temporalmente luego de que huyó de Bolivia en marzo de este año.

"Las aseveraciones que realiza el Señor Soza fueron planteadas en reiteradas oportunidades por la defensa de los acusados en el caso Separatismo, empero, éstas fueron rebatidas, con pruebas idóneas, dentro de las distintas etapas del juicio, incluso por el mismo ex fiscal Soza.  En ese marco, el ex representante del Ministerio Público busca confundir a CONARE con el objetivo de conseguir un asilo de forma ilegal, siendo que tiene procesos penales pendientes en Bolivia. Soza es prófugo de la justicia acusado de delitos comunes y no es un perseguido político", dice el comunicado del Ministerio de Gobierno.

Marcelo Soza huyó al Brasil el pasado mes de marzo y pidió en ese país el refugio político por considerarse un perseguido del Gobierno, además reveló en una carta, que fue certificada por autoridades brasileñas, que se montaron pruebas en el caso Rózsa y que fue víctima de presiones para implicar en el proceso a varios dirigentes cruceños.

El ex fiscal fue imputado formalmente por la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz por los delitos de concusión, extorsión, cohecho, uso indebido de influencias y consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados. Lo denunciaron procesados en el caso Separatismo y ahora resulta que quien extorsionaba y generaba miedo se convirtió en víctima de este proceso.

"Sus declaraciones son típicas de una persona que sólo pretende cubrir los delitos que cometió, responsabilizando a gente que actuó en el marco de la ley y no tienen ningún valor jurídico ni moral", insiste.

EL JUICIO POR TERRORISMO NO SE ALTERA

El desarrollo del juicio por Separatismo en el fondo no se ve afectado por las declaraciones del ex fiscal Soza, ya que el momento procesal de observar la legalidad o no de la prueba ya caducó y en consecuencia se demostró la legalidad de la obtención de la misma, por lo que se desvirtúa la versión de que existiría irregularidades al respecto.

En la etapa conclusiva del proceso se resolvió todo lo concerniente a la prueba, a la obtención de la misma, y se dictó la Resolución el 4 de noviembre de 2011, en la que se rechazó 73 incidentes y excepciones concernientes en su mayoría a la prueba. Además, mediante Resolución 08/2013, emitida por el Tribunal 1º de Sentencia de La Paz, se resolvieron 95 incidentes y excepciones referentes a la prueba y a los actos de juicio, rechazados todos por falta de prueba.