En el primer día de bloqueo de caminos por parte de un grupo de campesinos de La Paz, liderados por el exdirigente David Mamani, se reportaron 5 puntos de bloqueo en la ruta a Copacabana, se aprehendió a 3 personas y se arrestó a 1. Se tiene una pérdida de Bs 28.000 solo en el cobro de peajes, informaron autoridades del Gobierno.

Mamani, quien, según medios estatales, admitió que pidió al presidente Luis Arce tres ministerios y más de una veintena de viceministerios y direcciones departamentales de instituciones públicas para respaldar su administración, con el bloqueo exige la renuncia del presidente y del vicepresidente David Choquehuanca.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó que hasta las 17:00 se registraron 5 puntos de bloqueo, principalmente en Achacachi, que no sobrepasaban las 100 personas, con promontorios de tierra en la carretera para impedir el tráfico hacia Copacabana, población fronteriza con Perú.

“El resto de caminos con Oruro, Desaguadero, los Yungas, se encuentra completamente expeditos”, explicó.

Resultado de estos bloqueos se reportó una pérdida económica de Bs 28.000 sólo en el pago de peajes, según el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.

Además, Ríos informó que se aprehendió a 3 personas y se arrestó a otra. Todas en los puntos de bloqueo.

Con relación a las grabaciones difundidas en redes sociales, donde aparecen algunas personas con ponchos rojos, pasamontañas y armas, Ríos informó que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, instruyó una “investigación para conocer de qué fecha sería este video, de dónde y quiénes serían estas personas”.

“Considerando que muchos de ellos están portando pasamontañas, fusiles, armas de grueso calibre, la Ley 400, que es el marco jurídico para la portación de armas, establece que las armas de caza y de actividades deportivas deben estar registradas en el REAFUC (Registro de Armas de Fuego y Municiones de Uso Civil), entonces, se tiene que investigar”, indicó.

De inicio, se investiga el hecho por posibles delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, terrorismo, instigación publica a delinquir, tenencia porte o portación de armas de manera ilícita y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.