Nueve personas, entre chinos, peruanos y bolivianos, fueron imputadas por la presunta comisión de los delitos enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, informó la Fiscalía Departamental de Santa Cruz.

Estas personas fueron capturadas el pasado miércoles en un edificio de la ciudad de Santa Cruz donde operaban los ciberestafadores. Estos ciudadanos están presuntamente implicados en la captación de estudiantes para trabajar en un Call Center (centro de llamadas) donde realizaban llamadas internacionales y hacían cobros bajo amenazas.

“Desde el momento en que se conoció del funcionamiento irregular del Call Center, se realizaron todas las diligencias investigativas para conocer cómo captaban a los trabajadores que en su mayoría eran estudiantes, qué tipos de cobros realizaban y a qué países llamaban, asimismo, se colectó las declaraciones de todas las personas que fueron encontradas en el lugar”, informó el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca.

El presunto jefe de la organización fue identificado como Lei Z. de nacionalidad China, además de los peruanos Gianella M.M.L, Luis A.F. S. y Franco R.R.; el colombiano Miguel A.F. y los bolivianos Marcelo T. M., Percy R.D. y Fiorela S.V.

Los imputados ahora están en celdas policiales y aguardan su audiencia de medidas cautelares.

Entre las evidencias la Fiscalía colectó documentos, chip de diferentes telefonías, y otros elementos probatorios que ya cursan en el Ecosistema Justicia Libre del Ministerio Público, que serán presentados en audiencia cautelar.

Según los antecedentes, esta investigación se activó tras una denuncia anónima, que develó que extranjeros captaban a estudiantes para trabajar en el Call Center, ubicado en el Segundo Anillo avenida San Martín, en el que realizaban llamadas para cobrar a personas deudoras en otros países y en caso de no ser efectivos los pagos se intimidaba y amedrentaba a las víctimas.

“En el lugar se encontró a más de 100 personas organizadas en bloques denominados estaciones de trabajo desde donde realizaban las llamadas y enviaban mensajes de texto. Cada persona contaba con libretas con nombres, anotaciones de montos de dinero y cuentas bancarias para realizar las presuntas extorsiones”, señala un reporte institucional.