La Paz, 25 de enero (Oxígeno).- El 22 de enero, Dionisio Flores Campos, um hombre de de 41 años de edad, apareció muerto en una celda de la Policía de la ciudad de Santa Cruz. Los primeros informes señalan que el detenido habría entrado en un cuadro depresión y se quitó la vida, sin que su compañero de celda se percatase. Este domingo, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, emitió un comunicado en el que declara que es inaceptable que ocurran muertes de detenidas en recintos policiales.

Flores fue fue detenido por la Policía a raíz de que su ex esposa lo acusara de maltrato familiar. Según el informe que brindó la fiscal Lissy Ortiz, el sujeto se encontraba en calidad de arrestado por maltrato familiar y al promediar las 01:00 de la madrugada lo encontraron colgado en la celda. De acuerdo con un registro del Defensor del Pueblo, el de Flores es el quinto caso de una muerte inexplicable ocurrida en celdas policiales.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, señaló  este domingo que es inaceptable que ocurran muertes violentas de personas que se encuentran detenidas en recintos policiales, como la ocurrida hace unos días en Santa Cruz. “Es inadmisible que en estos lugares, permanentemente vigilados, aparezcan muertas las personas cuya vida y seguridad están bajo custodia y responsabilidad de la policía”, afirmó la autoridad.

Sobre el caso de Flores Campos, el Defensor dijo que “las verdaderas causas de la muerte deben ser confirmadas por la investigación fiscal, sin embargo, nosotros reclamamos por la irresponsabilidad y desidia de la institución policial que no toma las medidas necesarias para proteger la vida y la seguridad de las personas que se encuentran en sus recintos y que muchas veces son víctimas de violencia de policías, de otros detenidos o pueden atentar contra su vida”, señaló.

Al respecto recordó que la Policía Boliviana, cuando decide la detención de una persona, independientemente de su situación o condición, asume la obligación de garantizar su vida y su seguridad, lo que implica no solamente evitar acciones que puedan ponerlas en peligro sino también, las omisiones que puedan afectarla.

Según explicó el Defensor, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su informe sobre seguridad ciudadana, ha señalado que la obligación del Estado, en relación con la protección del derecho a la vida en la implementación de la política pública sobre seguridad ciudadana, se incumple si el Estado no adopta las medidas de protección eficaces frente a las acciones de particulares que pueden amenazar o vulnerar el derecho a la vida de las personas.

El Informe defensorial sobre el ejercicio de los derechos humanos en la gestión 2014, incluye una relación de cuatro muertes ocurridas en recintos policiales el año pasado: un médico de 35 años sindicado por el delito de tentativa de feminicidio, un empresario de 40 años, una mujer de 32 años y un transportista detenido por conducir en estado de ebriedad.  Los tres primeros casos se dieron en La Paz y el cuarto en Potosí.  En ninguno de ellos se llevaron adelante procesos contra los responsables de la custodia de los detenidos los recintos policiales, pese a las dudas sobre la versión de suicidio que se generaron alrededor en uno de los casos.