La justicia condena a 30 años de cárcel a dos de los asesinos de la concejala Juana Quispe
Este jueves - 12 años después del hecho- el Tribunal Cuarto de Sentencia de La Paz sentenció a 30 años de cárcel al exalcalde del municipio paceño de Ancoraimes, Félix Huanca, y el expresidente del Concejo, Pastor Cutile.
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Después de 12 años, finalmente hubo sentencia para los asesinos de la concejala Juana Quispe. Este jueves, el Tribunal Cuarto de Sentencia de La Paz sentenció a 30 años de cárcel al exalcalde del municipio paceño de Ancoraimes, Félix Huanca, y el expresidente del Concejo, Pastor Cutile.
Además, la justicia también impuso una pena de 15 años de reclusión par Basilia Ramos, exsecretaria del Concejo; y 2 años de cárcel Exalta Arismedi, quien estuvo con la victima el 12 de marzo de 2012, por el delito encubrimiento en el delito de asesinato.
Tanto Huanca como Cutili deberán ser recluidos en el penal de San Pedro de la ciudad de La Paz mientras que Ramos en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes. En el caso de Arismendi se prevé que se le imponga el “perdón judicial”, es decir, no estará en la cárcel.
El juicio comenzó en febrero de 2023 y en total se realizaron al menos 35 audiencias hasta llegar a la última etapa del proceso. Se tiene previsto que el 9 de enero se dará a conocer la fundamentación y la lectura integra de la sentencia.
Juana Quispe Apaza fue concejala del municipio de Ancoraimes (La Paz). La autoridad apareció muerta en orillas del río Orkojahuira en la urbe paceña, en marzo de 2012. Previo al hecho, Quispe sufrió acoso y violencia política, y advirtió amenazas contra su vida e integridad, porque las autoridades municipales de ese entonces le negaban tomar posesión de su cargo y ejercer su mandato de fiscalización.
El caso es reconocido como "emblemático e histórico", porque la violenta muerte que sufrió Quispe impulsó el tratamiento y la promulgación de la Ley N° 243, Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, norma que establece mecanismos de prevención, atención, sanción contra actos individuales o colectivos de acoso o violencia política.
// Con información de Erbol