Gobierno de Chile militariza la frontera con Bolivia y Perú para “frenar la inmigración ilegal”
Al respecto, el expresidente boliviano, Eduardo Rodríguez Veltzé, afirmó que se trata de un “tema muy sensible” y pidió garantizar los derechos humanos de las personas migrantes. "Inexcusable atención diplomática oportuna del Ministerio de Relaciones Exterior de Bolivia para coordinar su atención solidaria”, señaló a través de su cuenta de Twitter.
En una polémica medida, el gobierno de Chile, a la cabeza de su presidente Gabriel Boric, decidió militarizar la frontera con Bolivia y Perú para “frenar la inmigración ilegal”.
El decreto que Boric firmó la semana pasada establece el envío de las Fuerzas Armadas, durante 90 días, a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, que integran la llamada “macrozona norte”, y a donde, según el documento, diariamente llegan cientos de migrantes que cruzan por pasos fronterizos no habilitados.
Los militares fueron desplazados desde el lunes pasado y ya generó la reacción del expresidente boliviano, Eduardo Rodríguez Veltzé, quien afirmó que se trata de un “tema muy sensible” y pidió garantizar los derechos humanos de las personas migrantes.
“Tema muy sensible, obliga a garantizar el resguardo de los DDHH de migrantes. Inexcusable atención diplomática oportuna del Ministerio de Relaciones Exterior de Bolivia para coordinar su atención solidaria”, señaló a través de su cuenta de Twitter.
El decreto
La semana pasada, Boric emitió un decreto que autoriza a las Fuerzas Armadas a solicitar los documentos de cualquier persona en la frontera norte y registrar sus equipajes, vestimentas o vehículos.
Solo basta que sospechen que podrían estar cometiendo un delito, desde atravesar la frontera de manera irregular hasta traficar drogas y armas o formar parte de redes de trata de personas. Si comprueban que una persona no tiene sus papeles migratorios en regla, de inmediato será entregada a la Policía.
También establece que, antes de recurrir al uso de la fuerza o de armas de fuego, «se deben tomar todas las medidas razonables para disuadir a toda persona o grupo de cometer una agresión», en particular para evitar «daños colaterales».
El protocolo señala que, antes de usar armas, los militares deben hacer advertencias y desplegar vehículos y personal alrededor de los sospechosos como una forma de disuasión.
Si aun así las personas se resisten a la revisión, se les podrán lanzar granadas de humo, gas pimienta o lacrimógeno, y se usarán armamentos no letales o antidisturbios, pero no podrán ser disparadas a quemarropa ni apuntar directo al rostro.
Por último, si la amenaza es latente, los militares podrán preparar el arma de fuego con clara intención de utilizarla, lanzar disparos de advertencia y, finalmente, disparar, pero solo en caso de que se presente un enfrentamiento y de que los sospechosos usen o se apresten a utilizar armas letales, o que pongan en peligro la vida de otras personas.