Rechazan que Yassir Molina se acoja a un juicio abreviado por el daño a bienes del Estado
Este martes se reinstaló en Sucre, Chuquisaca, la audiencia, dando inicio al juicio oral por los hechos de octubre de 2020 en contra de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.
Yassir Molina, el líder de la “paraestatal” Resistencia Juvenil Cochala (RJC), no podrá acogerse a un juicio abreviado, como lo había solicitado en el proceso en su contra por daño a bienes del Estado.
Este martes se reinstaló en Sucre, Chuquisaca, la audiencia, dando inicio al juicio oral por los hechos de octubre de 2020 en contra de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado.
Durante la instalación del juicio, se puso a consideración la solicitud de Molina; sin embargo, la Procuraduría, el Ministerio Público y otras partes rechazaron la posibilidad del juicio abreviado, según la televisora ATB.
Por su parte, el ministerio de Gobierno informó mediante un comunicado que rechazaron que este caso se resuelva por un juicio abreviado porque se cuenta con 135 pruebas documentales, en las que se demuestra la autoría de las personas imputadas.
“Recordamos nuevamente que fabricar armas (basukas), portarlas sin autorización y usarlas en el marco de los compromisos internacionales (Convención de Palermo) está totalmente prohibido”, se lee en el comunicado de este ministerio.
El juez Tercero de Sentencia de Sucre explicó que en el trascurso del juicio oral se podrán esclarecer los hechos y la responsabilidad de cada uno de los imputados.
El pasado lunes, el cochabambino aseveró que contará la verdad de lo ocurrido durante la crisis de 2019 para “dar con los verdaderos autores intelectuales”; acusó al cívico Rómulo Calvo, al concejal cochabambino Diego M., al alcalde Manfred Reyes, al exministro Arturo Murillo, al abogado Jorge Valda y otros de haber “instrumentalizado con fines políticos” la protesta de la Resistencia Juvenil Cochala.
Molina es procesado, junto a los hermanos Mario y Fabio Bascopé, y Milena Soto, por causar destrozos en el edificio de la Fiscalía General del Estado, y por presuntamente constituirse en una organización criminal que protagonizó disturbios en Sucre.