Cinco años después de la denuncia, la Fiscalía Departamental de La Paz presentó la acusación formal contra 11 personas, entre ellas Juan Franz Pari, en el caso del desfalco millonario al Banco Unión.

En la imputación, el Ministerio Público no solo pide que se dicte una sentencia condenatoria contra los acusados, sino también que Pari pague daños y perjuicios al Estado y sea inhabilitado para ejercer cargos en el sector público o electivos, así como la anotación y confiscación de sus bienes.

La Fiscalía llegó a determinar que el principal acusado Juan Pari Mamani, que ejercía funciones como jefe de operaciones en las agencias del Banco Unión en Batalla y Achacachi, manipulaba el sistema informático de la entidad financiera accediendo al sistema sin autorización y simulaba transferencias hacia un cajero automático inexistente, logrando apropiarse de 37,6 millones de bolivianos que sustrajo de manera sistemática desde septiembre de 2016 hasta el 4 de agosto de 2017.

En ese sentido, Pari es acusado por los delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, delitos financieros y asociación delictuosa.

Dentro de este proceso, los denunciantes son el Banco Unión, el Viceministerio de Transparencia dependiente del Ministerio de Justicia, la Procuraduría General del Estado y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Los acusados son: Juan Franz Pari Mamani, acusado por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito, delitos financieros y asociación delictuosa; Luciana Regina C., por los delitos de favorecimiento al enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa; Juan Carlos G. K. y William G. K., acusados por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa.

Asimismo, Jorge Manuel M. P., Nelson Manuel Q. M., Jorge Eduardo H. B., y Rommel Mateo P. Q. fueron acusados por los delitos de favorecimiento al enriquecimiento, receptación proveniente de delitos de corrupción, legitimación de ganancias ilícitas y asociación delictuosa; Miguel Ángel A. S., por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa; Pablo Andrés A. Q., por los delitos de favorecimiento al enriquecimiento, obstrucción a la justicia y asociación delictuosa, y finalmente, Carlos Eduardo C. F., por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, favorecimiento al enriquecimiento y encubrimiento.

// Con información de la ANF y El Deber