El pasado martes 31 de mayo se produjeron hechos de violencia, fruto de un conflicto minero, en el territorio de la comunidad Unión Pauje del municipio de Apolo del departamento de La Paz.

Producto del hecho, según reporte de la Defensoría en base a informes de autoridades, cinco personas resultaron heridas de bala - quienes fueron trasladas a la ciudad de La Paz para su atención medica- y otras dos se encuentran retenidas.

El hecho generó la condena de la Defensoría del Pueblo, instancia que exigió al Gobierno acciones inmediatas para poner fin a ese tipo de conflictos mineros.

“La Institución Defensorial, con preocupación evidencia que, nuevamente, la actividad minera es generadora de conflictos socio ambientales, lo cual es responsabilidad de las autoridades del sector minero, como el Ministerio de Minería y Metalurgia que junto a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), deben aclarar la legalidad o no de los actores mineros instalados en esa región, así como sancionar o interponer las acciones legales que correspondan ante un escenario de minería ilegal de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Estado”, señaló la institución defensorial a través de una nota de prensa.

Asimismo, la Defensoría  sostuvo que en caso de existir actividades mineras con derechos mineros reconocidos por el Estado, las autoridades del sector minero deben informar y aclarar si las mismas fueron otorgadas respetando los derechos colectivos e individuales de las comunidades locales.

“La Defensoría del Pueblo considera que las autoridades ambientales competentes, nacional y departamental, con la colaboración del Gobierno Municipal de Apolo, deben asumir acciones para establecer si las actividades mineras cuentan con la debida licencia ambiental y si este instrumento fue cumplido de acuerdo a la normativa en vigencia. Asimismo, en caso de identificarse actividades mineras sin licenciamiento deben iniciarse las acciones sancionatorias que correspondan, en cumplimiento de los Artículos 342, 347 y 358 de la Constitución Política del Estado y los Artículos 7, 9, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 70, 71 y 72 de la Ley N°1333 de Medio Ambiente y sus reglamentos conexos”, señala.

Por otro lado, la Defensoría también pidió al Ministerio Público efectuar una investigación de los sucedido en Apolo para identificar a los responsables y establecer las sanciones penales que correspondan

“La Defensoría del Pueblo exhorta a las autoridades nacionales de los niveles central, departamental y municipal a sumar fuerzas y agotar los esfuerzos para establecer mecanismos, alternativas y propuestas para efectivizar el control y fiscalización de las actividades mineras, tanto a nivel técnico jurídico, como ambiental. Asimismo, impulsar el cumplimiento de los marcos normativos nacionales e instrumentos de derecho internacional en vigencia, tanto por los actores mineros como la sociedad en su conjunto, con la finalidad de garantizar un desarrollo sostenible, gobernanza ambiental y vivir bien del pueblo boliviano en su conjunto”, finaliza el texto de la institución defensorial.