La mañana de este viernes, se aprehendió a Rafael Alcón, juez que el 2019 dio detención domiciliaria a Richard Choque Flores, catalogado como ‘psicópata sexual’, pese a que tenía sentencia ejecutoriada. 

Según justificó en su momento, Alcón dio detención domiciliaria a Choque por sus problemas de salud – que nunca pudieron ser comprobados-. El beneficiado, actualmente, volvió a ser detenido por el asesinato de dos adolescentes y haber abusado a otras 77 mujeres.

Sobre el caso, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional informó este viernes que tras la revisión y verificación del proceso penal contra Richard Choque Flores, identificó que el juez Rafael Alcón Aliaga incurrió en el delito de prevaricato al beneficiar al sindicado con detención domiciliaria pese a contar con sentencia ejecutoriada. 

“El juzgador también admitió en su resolución que Richard Choque Flores ‘ha sido condenado por un delito que no le permite el indulto, empero ha demostrado buena conducta’. Pese a esos contrasentidos, el Juez Alcón concedió la detención domiciliaria ‘para evitar un cáncer gástrico’ de Richard (…) Esa acción del mencionado administrador de justicia constituye delito de prevaricato”, indica un comunicado de la cartera de Estado.

Según la revisión que realizó esta institución, el psicópata sexual tenía una sentencia de 30 años de prisión y sin derecho a indulto por los delitos de secuestro y asesinato, por lo que fue recluido en las cárceles de San Pedro y Chonchocoro; pero, en diciembre de 2019, fue beneficiado con detención domiciliaria. 

El ministerio observó que el juez haya citado un informe médico en que se estableció que Richard Choque Flores; sin embargo, el mismo Alcón aclaró contradictoriamente que el sentenciado no logró demostrar que las enfermedades estaban en su etapa terminal.

Según un informe de la Policía, se presume que Choque tiene aproximadamente 77 víctimas. El acusado confesó haber enterrado a dos de sus víctimas en la casa donde vivía en El Alto. Además, es investigado por los delitos de trata y tráfico, proxenetismo, pornografía y porte o portación de armas de fuego.