Un indígena fue quemado vivo en una comunidad tsiman, situada sobre el río Maniqui, en Beni. Aunque no se conocen los detalles del hecho, se especula que el suceso ocurrió después de que el hombre fuera acusado de cometer algún ilícito.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo expresó su rechazo rotundo al hecho y recordó que  el derecho a la vida está garantizado en la Constitución Política del Estado Plurinacional, en su artículo 15.

“Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual, que nadie debe ser torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes o humillantes, y que finalmente no existe la pena de muerte en el ordenamiento jurídico vigente”, apuntó la defensora del Pueblo, Nadia Cruz.

Además, aclaró que esta violencia extrema ejercida en contra de un indígena no puede considerarse como justicia indígena originaria campesina, pues la Ley 073 de Deslinde Jurisdiccional, en su artículo 6 establece la prohibición de la pena de muerte, que la justicia por mano propia no es característica de un Estado de Derecho y que la Carta Magna garantiza la vigencia de los derechos humanos de las personas.

“Consideramos que estamos frente a un hecho delictivo y exhortamos a la Fiscalía General del Estado celeridad en la investigación, y a la Policía Boliviana agilizar las diligencias investigativas para esclarecer estos hechos, establecer las responsabilidades y determinar las sanciones correspondientes”, destacó la Defensora.