Cochabamba, 08 de octubre (Oxígeno).- La Fiscalía General del Estado lleva adelante  un  Conversatorio con el jurista argentino, profesor Alberto M. Binder, con el objetivo de iniciar un espacio de diálogo para compartir la experiencia latinoamericana en relación a los avances, limitaciones y desafíos de la transformación de la justicia penal y la formulación y aplicación de Políticas Criminales, que respondan y combatan eficientemente a los fenómenos delincuenciales, en el marco de los postulados del Estado de Derecho.

Dicho evento se desarrolla en la ciudad de Cochabamba durante dos jornadas, incluyendo este miércoles y jueves.

El Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero Peñaranda, explicó que dicho espacio permitirá definir lineamientos para la construcción de una propuesta de Política Criminal, considerada como una de las mayores responsabilidades del MP, y  que fue incorporada en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014 – 2018, de manera prioritaria, ameritando que la Primera Decisión de Cambio haga referencia a liderar el proceso de formulación de la Política Criminal de Estado y definir una Política de Persecución Penal Estratégica e Inteligente, orientada a la protección de la sociedad y los derechos humanos.

La autoridad enfatizó que la construcción de la Política Criminal no es un tema que sólo compete al Ministerio Público, sino que depende de otras instituciones gubernamentales y de actores clave vinculados al sistema de justicia penal y a la lucha contra la criminalidad en el país; sin embargo, es el MP el que ha tomado la iniciativa de aperturar espacios de diálogo y debate para generar una propuesta de Política criminal acorde a las características del Estado Plurinacional.

Resultados esperados

Guerrero resaltó que entre los resultados esperados a corto, mediano y largo plazo, se pretenden la homogeneización de conceptos y criterios respecto a la Política Criminal, en base a la experiencia latinoamericana y a la realidad boliviana; propiciando un espacio de diálogo generado en el MP, para concientizar sobre la necesidad de construir una propuesta de lineamientos para la Política Criminal y elaborar  la ruta crítica y lineamientos para formular su propuesta interna.