El director nacional del Instituto de Investigación Forense del Ministerio Público (IDIF), Andrés Flores, informó que fueron 27 las personas que murieron por impacto de bala durante los conflictos sociales que se suscitaron entre el 21 de octubre y el 10 de noviembre de 2019, en diferentes puntos del país, tras las elecciones anuladas por presunto fraude.

Flores, en declaraciones ante la Comisión Mixta Especial de Investigación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), dijo que, como brazo operativo de la Fiscalía, el IDIF se limita a informar el tipo de calibre del arma de fuego que se usó para disparar contra los manifestantes, y aseguró desconocer si las mismas pertenecen a militares o policías.

“Tengo un cuadro de 30 fallecidos, 27 han sido por arma de fuego, siete con calibre 22, dos con calibre nueve milímetros, dos con calibre 5.56 y dos personas con postas y perdigones, y tres fallecidos por otras causas como traumatismo craneoencefálico policontusos, entre otros”, manifestó.

Agregó que en primera instancia, el IDIF participó en las primeras autopsias del puente Huayllani (Sacaba, Cochabamba), luego en Senkata (El Alto), aunque las primeras autopsias se realizaron en Montero y en la ciudad de Santa Cruz.

De las 30 muertes, 13 ocurrieron en La Paz, 12 en Cochabamba, una en Potosí y cuatro en Santa Cruz. Respecto a los heridos por arma de fuego, se contabilizó 14 en el departamento de La Paz, cinco en Oruro, nueve en Cochabamba y Santa Cruz.

Remarcó que las evidencias de las muertes no pudieron ser manipuladas o alteradas, ya que entre los cadáveres había un orificio de entrada y otro de salida.

“Cuando una persona tiene un orificio de entrada y de salida es por la utilización de un arma larga”, estableció.