Cochabamba, 01 de octubre (ABI y Radio Fides).- Pobladores de Villa Nuevo, en el municipio de Villa Tunari de Cochabamba, mantenían el miércoles como rehenes a la fiscal Mariluz Rivero y a 34 policías para obligar a las autoridades a esclarecer la muerte de un joven cocalero que recibió, supuestamente, un disparo de un efectivo de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar).

"Entre los funcionarios policiales y la fiscal suman un total de 35 personas que están retenidas", informó el fiscal del distrito de Cochabamba, Freddy Torrico, según el reporte de la agencia de noticias del gobierno.

De acuerdo con esa fuente, los comunarios exigen identificar al autor de la muerte de Gualberto Aguilar Ríos, de 22 años, y el pago de una indemnización a su familia.

La bronca surgió luego de que un agente de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar), en medio de una gresca con cocaleros supuestamente ebrios, baleó a uno de ellos, identificado como Gualberto Aguilar.

Alejandro Flores, dirigente de la Central Tacopaya, a la que pertenece Pueblo Nuevo, en contacto con Radio Fides señaló que los disturbios comenzaron la noche del martes cuando los pobladores quemaron un vehículo de Umopar, en represalia por el asesinato.

La víctima falleció el pasado martes, cerca de las 09h00, con un disparo en el estomago que recibió supuestamente por defender a dos jóvenes que, en estado de ebriedad, agredieron a efectivos de Umopar. Torrico dijo que la fiscal de Villa Tunari, Mariluz Rivero, había iniciado las investigaciones de ese hecho.

Rivero informó vía telefónica a radios locales que un grupo de 150 comunarios la mantiene como rehén junto un grupo de policías.

"Nos estábamos dirigiendo a Villa Tunari para hacer la autopsia de la persona fallecida. Estamos ahora como una especie de rehenes desde ayer (martes), desde las cinco de la tarde, en una senda. Estamos en vehículos a unos 100 metros de los comunarios", relató.

Rivero confirmó que una turba quemó una camioneta de Umopar y que secuestro la supuesta arma homicida.

Los dirigentes de la zona exigen la presencia del viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, entre otras autoridades, para mediar en ese conflicto, apuntó.