El director jurídico del Ministerio de Gobierno, Víctor Barbosa, confirmó este viernes que ocho personas fueron aprehendidas en Trinidad y Riberalta por presuntamente “incitar” a la población a romper la cuarentena en esas regiones. Están acusados de instigación a delinquir y atentados contra la salud pública.

En pasados días, se reportaron protestas en Riberalta. Presuntamente mototaxistas lideraron una marcha para reclamar la falta de provisiones y alimentos para enfrentar la cuarentena dispuesta por el Gobierno nacional, como medida de prevención contra el coronavirus.

En ese sentido, el funcionario gubernamental indicó a Panamericana que los detenidos actualmente prestan declaraciones sobre su participación en las protestas y que señalaron que sus movilizaciones tuvieron afanes políticos.

“Ellos nos indican que ese movimiento que estaban realizando en Riberalta, no es un movimiento, como se está pretendiendo hacer ver, por el tema de escasez de alimentos. Es un movimiento político que busca desestabilizar el Gobierno, instigando a las personas que no cumplan con la cuarentena”, manifestó.

El pasado martes 31, la Fiscalía Departamental de Beni emitió una orden de aprehensión contra seis personas, acusadas de encabezar la marcha. Barbosa señaló que en las próximas horas se entregará a la opinión pública toda la información relacionada al ilícito y grado de responsabilidad.

Indicó que también en Trinidad se utilizó cuatro camiones para trasladar gente a Riberalta, para reforzar este movimiento antigubernamental

“También se ha procedido a  detener a dos personas que estaban motivando a cierta cantidad  de población a no acatar la cuarentena. Obviamente, estas personas están siendo movilizadas todas con fines políticos”, reiteró.

En plena cuarentena nacional, el pasado martes, pobladores de Riberalta reclamaron su derecho a acceder a la canasta familiar prometida por el Gobierno central. Los marchistas superaron a la policía y a las fuerzas armadas, que patrullaban calles y avenidas de la ciudad amazónica.

En la protesta también participaron mototaxistas en la avenida Integración con rumbo a la plaza 3 de Febrero.

“El Gobierno está cumpliendo con el apoyo a todas las personas de escasos recursos. Los delitos de estas personas son instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, atentado contra la salud pública y sedición. No olvidemos que más allá de los delitos mencionados, existe una intención de desestabilizar el actual gobierno y las penas oscilan de 1 a 10 años”, agregó.