La Paz, 9 de mayo (Oxígeno).- Ante la demanda presentada por el Procurador General del Estado, Héctor Arce contra periodistas del diario La Razón, las autoridades de la Defensoría del Pueblo, alertaron el riesgo que implica que la justicia ordinaria asuma en contra de los co-responsales, porque no estaría respetando los derechos de los que goza y que están en la Ley de Imprenta,  la Constitución Política del Estado (CPE), la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto internacional de Derechos Civiles y  otros.

El comunicado publicado este viernes dice: “Alertamos el riesgo que implica los derechos enunciados, que un Juez de Instrucción en primera instancia disponga, sin haber escuchado a las partes, el levantamiento del secreto de la fuente, figura establecida con claridad en la Ley de Imprenta, y que constituye en uno de los derechos más preciados  para el ejercicio de la libertad de prensa y por lo tanto para el derecho de la ciudadanas y ciudadanos a acceder a la información pública”. 

Además, consideran que sí la Procuraduría del Estado entiende que el medio en cuestión ha cometido faltas, debe procesar su denuncia, en primer término, a través de la Ley de Imprenta y como lo establece la CPE. En caso de que esta instancia asume que ha cometido un delito de orden público se procesará según establecen las normas.

Asimismo señalaron que se debe respetar lo que indica la CPE, en su artículo 106 determina que “El Estado garantiza a los trabajadores y trabajadoras de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información”. Además la declaración de los Derechos Humanos, el pacto Internacional de Derechos Civiles y la Conversación Americana sobre los Derechos Humanos establecen que: “Investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”, y que las restricciones a este derechos deben estar fijadas expresamente por la ley”.

En tanto, el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, rechaza la denuncia hecha por el Procurador contra el periodista Ricardo Aguilar y la directora Claudia Benavente, ya que este nuevo intento por penalizar el ejercicio periodístico no reconoce la vigencia de la Ley de Imprenta como lo establece en su artículo 8, “el secreto de materia de imprenta es inviolable”.